El Pleno municipal celebró sesión ordinaria del mes para dar luz verde al convenio ejecutivo con la Diputación de Cádiz de cara al cobro de las sanciones contempladas en el nuevo Reglamento de Seguridad y Convivencia. El punto despertó una agria polémica entre el equipo de Gobierno socialista y la oposición, ya que tanto PP como Ai-Pro consideran que existe afán recaudatorio y, en el caso de Arcos en Común, que las sanciones que contempla el reglamento son excesivas al oscilar entre los 200 y 2.500 euros. En todo caso, el punto salió adelante pero con la abstención del PP y el voto en contra de Ai-Pro y Arcos en Común.
El último grupo apuesta por minimizar las sanciones e introducir un elemento pedagógico de cara a la educación de las personas, como explicó su portavoz, Susana Pérez. El de Ai-Pro, Manuel Erdozain, considera que estas sanciones chocan con la falta de limpieza pública en las calles, para opinar que existen otros mecanismos para que los ciudadanos paguen sus infracciones con trabajo a la comunidad, al tiempo de solicitar más medios para la Policía Local. Ai-Pro destapó que durante los últimos tres años no se ha recaudado nada por el Ayuntamiento en concepto de sanciones. En la misma dirección, el portavoz del PP, José Luis Núñez, tildó de excesivas las sanciones.
Actuando de portavoz en el punto, la delegada municipal de Seguridad Ciudadana, María José González, explicó que si el ciudadano cumple con las normas no sufrirá sanción alguna de la Patrulla Verde o de la Policía, por lo que en este sentido no hay nada que temer.
El reglamento en cuestión cumple los parámetros impuestos desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que viene a recoger los hechos susceptibles de sanción administrativa. El ejecutivo entiende que este documento supone un hecho histórico porque hasta ahora no existía una recopilación de las ordenanzas que afectan a la convivencia y seguridad ciudadana. Si bien todos los ciudadanos tienen la obligación de conocer las normas de convivencia, es preciso buscar una conciliación entre derechos y obligaciones.
La ordenanza en cuestión contempla varios capítulos, desde los principios generales de convivencia hasta las medidas de fomento de los hábitos de convivencia. Acciones como depositar basuras en la calle, no recoger los excrementos animales, vulnerar las pautas en los espacios públicos molestando a los demás, la ocupación no autorizada, etc. tienen ya una sanción concreta reflejada en la ordenanza. El régimen sancionador, para evitar que otras partes puedan acusar al Ayuntamiento de afán recaudatorio, obliga a que el importe recaudado se destine al espacio urbano como lugar de encuentro y convivencia, para restituir los daños provocados por actos vandálicos o para el desarrollo de programas en favor de esa convivencia.
Orden del día
De otro lado, se aprobó un proyecto de aparcamiento de vehículos pesados promovido por la empresa Garrucho S.A., las cuentas generales del Ayuntamiento de Arcos correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016, así como las de la empresa Ecorreciclajes y del Instituto Campo Vidal.
La oposición pidió la disolución de Ecorreciclajes (empresa responsable del servicio de basuras) ante su estado financiero, lo cual no es posible, según el equipo de Gobierno, precisamente por las deudas que aún acumula con el Estado, en cierta medida por gestiones anteriores que afectan al funcionamiento de la propia empresa. Por parte de la Delegación de Urbanismo se trasladó la aprobación del proyecto de actuación para la construcción de vivienda-guardería en la finca Las Encinillas, promovido por Hércules Agropecuaria del Sur, S.A.
Posteriormente, el alcalde de Arcos, Isidoro Gambín, ha realizado una somera valoración del pleno, para sumar a los citados proyectos de actuación otros que, desde su punto de vista, situarán a la ciudad en un lugar privilegiado para su desarrollo económico y generación de empleo. Entre ellos citó la construcción de una nueva bodega, actuaciones en viviendas rurales, la incidencia de la instalación de la fibra óptica y otras iniciativas empresariales que reportan empleo y riqueza.
Otro de los puntos del orden del día, pero que quedó fuera por falta de tiempo, fue la dación de cuentas sobre del acuerdo con la empresa Aqualia para la condonación de tres recibos a las familias que acrediten la situación por la que ya no pueden pagar este servicio básico.
Nuevas urgencias en la sesión
El alcalde, Isidoro Gambín, permitió la entrada en el orden del día, previa aprobación de la urgencia, de la moción del grupo Ai-Pro sobre la urbanización de La Gallarda. El Gobierno municipal se comprometió a agilizar el protocolo de actuación para que se puedan prestar más servicios públicos en esta zona. Además, se creará una comisión de seguimiento entre partidos de la Corporación y representantes vecinales. Asimismo, a propuesta de la Delegación de Hacienda se aprobó una operación de crédito para el pago de nóminas a trabajadores de Ecorreciclajes, aunque con la abstención de los grupos de la oposición. También se analizó la moción del PP sobre el nombramiento de una calle a la memoria de Miguel Ángel Blanco, víctima de ETA. El punto fue aprobado por unanimidad.
