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Miércoles 10/08/2022  

Cádiz

Acusan a la APBC de forzar la expropiación del suelo de Delphi en lugar de comprarlo

Los abogados de Indanspo aseguran que ha usado la delimitación de espacios y usos portuarios como mecanismo coactivo para interferir en el precio del terreno

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  • Los terrenos de Delphi están en el centro de la polémica.
  • Los actuales propietarios de la parcela afirman que la Autoridad Portuaria dispone de ocho parcelas y no necesita esta para los graneles
  • Contraponen el proyecto contaminante portuario con el deportivo y respetuoso con el medio del Cádiz CF

Llos abogados de la sociedad Indanspo S. L, actual propietaria de los terrenos de Delphi en Puerto Real, consideran que la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz (APBC) no necesita los suelos para ampliar su actividad y advierten de que ha acudido de forma recurrente al instrumento de delimitación de espacios “como un mecanismo coactivo que esgrimir ante la administración concursal y posibles interesados con el objetivo nada disimulado de adquirirlas por un precio muy inferior a su valor real”.

Así lo manifiestan en el recurso de reposición presentado este viernes ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana contra la Orden ministerial de 6 de abril, publicada en el BOE, por el que se aprobaba “la modificación sustancial puntual de la delimitación de espacios y usos portuarios del puerto (DEUP) de la Bahía de Cádiz, adscripción El Trocadero”, que abre la puerta a una futura expropiación del suelo adquirido por Indaspo S. L. por 2,7 millones de euros en subasta para la ejecución del proyecto de ciudad deportiva tecnológica impulsada por el Cádiz CF.

Los abogados cuestionan el procedimiento, dado que nunca ha existido una necesidad de utilidad pública que justificase la incorporación de los terrenos y sostienen que, “cada vez que la APBC ha optado por la vía de la compraventa y ha constatado que el precio es superior al que está dispuesto a abonar, ha puesto en marcha de forma paralela otro destinado a expropiar los bienes”.

En este sentido, la defensa detalla que la Autoridad Portuaria ofreció en 2018 a la administración concursal 2,8 millones de euros, sin asumir IBI ni otras deudas vinculadas. Al no prosperar, inició en abril de ese año un primer expediente de delimitación de espacios y usos portuarios. En septiembre de 2018, volvió a manifestar interés por los terrenos y dos meses después inició nuevamente el procedimiento para expropiar las fincas.

Adquiridos por Ebión por 6,5 millones, no se formalizó el contrato y se relanzó el proceso de enajenación. Según el relato de los abogados, en esta fase la APBC no presentó oferta, siendo el mejor precio el de Rodríguez Normand S. L, que ofreció 6,7 millones de euros más asumir las deudas en concepto de IBI y otras pendientes que ascendían a casi 1,8 millones de euros, en total 5,7 millones más que la APBC.

Desde ese momento, prosiguen “la Autoridad Portuaria remitió múltiples escritos a los interesados, la administración concursal y al Juzgado de lo Mercantil comunicando la pendencia del procedimiento de delimitación de espacios y usos portuarios”, hasta el punto de que representantes de la APBC “se reunieron con Rodríguez Normand S. L. a fin de conseguir que retirara la oferta”.

La expropiación, concluyen, “solo debe ser opción cuando exista utilidad pública” y no la hay. Al respecto, indican que la construcción de depósitos de graneles” es una actividad que no implica impulso económico, social, cultural o estético a la zona, sino que, al contrario, generará ruidos, olores y problemas medioambientales con los que tendrán que convivir vecinos y espacios protegidos a escasos metros”. En cambio, el proyecto de Indanspo, la industria tecnológica del deporte, “es una actuación de bajo impacto medioambiental que lleva consigo el levantamiento de espacios verdes y zonas comerciales, cohesionando y dando un nuevo sentido al entorno”.

Además, en el documento remitido al Ministerio, la defensa jurídica indica que la APBC dispone de ocho parcelas vacías de su titularidad, según informe de la Dirección General de las Costas y el Mar de 13 de mayo de 2021 y es el quinto puerto de España por disponibilidad de espacio de almacenamiento.

Asimismo, recuerda que el Tribunal Supremo anuló las dos reservas de dominio público instadas por la Autoridad Portuaria de suelo situado en el espacio que integraban Las Aletas argumentando que el Puerto estaba sobredimensionado. De hecho, los tribunales de cuenta europeo y español han incidido en este, según sostienen los abogados, quienes sostienen que no se ha llevado a cabo un análisis de la necesidad de los espacios y usos.

En este sentido, observan que el tráfico del Puerto ha sufrido una caída superior al 50% en la última década y, por volumen de graneles sólidos y líquidos se encuentran en la posición 16 y 17 de España, al tiempo que concluyen que las estimaciones de crecimiento se han demostrado erróneas, con una reducción en 2021 de un 15 y un 10%, respectivamente.

La defensa de Indaspo S. L. advierte, finalmente, que las previsiones de la APBC sobre el tráfico portuario se hicieron a posteriori, una vez tramitado el expediente, por lo que concluye que la APBC, en su voluntad expansionista, quería los terrenos con independencia del uso al que más tarde se destinasen.

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