La Coordinadora de la Escuela Pública y FLAMPA Gades apoya la denuncia realizada por la concejala de Enseñanza, Ana Fernández, a raíz del cierre de dos líneas en el CEIP Carlos III y en el CEIP La Inmaculada por parte de la Junta de Andalucía y la Delegación de Educación de Cádiz.
Ambas entidades están en contra de que se cierre cualquier línea de la pública. "Estos recortes forman parte de un plan político y educativo para mermar y, al fin, acabar con la educación pública en la ciudad de Cádiz", apuntan desde la Coordinadora.
Por su parte, denuncian un concierto obsoleto que beneficia a la educación privada concertada, con ejemplos de protección de líneas como el del colegio privado concertado San Felipe Neri al que le abren una cuarta línea en primero de primaria con solo dos solicitudes por lo que tendrían tres líneas a 25 alumnos y alumnas y una línea con solo 2, frente al CEIP La Inmaculada, al que le han recortado también una línea en primero de primaria, y que tendrá 27 alumnos y alumnas en una sola línea, sobrepasando así la ratio establecida por la misma Junta de Andalucía.
De esta forma, exigen a la Junta de Andalucía que dé respuesta a los centros que han pedido ampliación de líneas; que acabe con cuestiones no reglamentadas, como los centros escolares con líneas mixtas a los que no se les permite abrir la matriculación en origen de 25 alumnos y alumnas impidiendo que las líneas mixtas se recuperen de un año para otro. Por tanto, solicitan también que se elimine el grupo mixto de 4 y 5 años de infantil del CEIP Santa Teresa y que en su lugar se abran dos líneas, en base al aumento de demanda recibido.
Desde ambas partes instan a la Junta de Andalucía y a la Delegación de Educación a no desestimar ninguna solicitud de plaza para los centros públicos, derivándose estás a los centros privados concertados, así como que no cierre ninguna unidad de centros públicos, que mantenga las líneas de los colegios Carlos III y La Inmaculada y que habilite los mecanismos que sean necesarios para garantizar el derecho a decidir de los padres y madres que apuesten por la educación pública.
Por otro lado, consideran necesario que el gobierno andaluz permita las matrículas en centros con líneas mixtas para que se conviertan en ordinarias y que cumpla la normativa vigente para que no se sobrepase la ratio legal a principios de curso para el cálculo de unidades en los IES.
La última de sus peticiones se centra en la resolución de la incorporación del personal, dotar de utilidad a las comisiones y que "la Junta deje de tomar medidas que perjudican a la educación pública frente a los favores a la concertada".
