En Andalucía hay cientos de empresas públicas de las que el ciudadano ignora su existencia. Nieves Gómez, profesora y secretaria del Departamento de Economía financiera y Contabilidad de la Universidad de Cádiz (UCA), ha llevado a cabo una investigación al respecto y los resultados son alarmantes: de media, apenas publican un 5% de la información relativa a su actividad.
“Pese a que manejan recursos públicos, ni siquiera es accesible el resultado de sus cuentas anuales”, lamenta. Por ello, valora especialmente la decisión adoptada por Aguas de Cádiz, que prevé constituir en septiembre el Observatorio Ciudadano a semejanza de los que funcionan de manera exitosa en Barcelona o Sevilla.
“Cuando asumimos el Gobierno local en 2015, Aguas de Cádiz era una empresa pública opaca”, apunta, por su parte, Ana Fernández, concejala del Ayuntamiento y presidenta de la compañía. “Decidimos cambiar el modelo de gestión y apostar por la transparencia”, agrega.
Y dio sus frutos. Seis años después, en 2021, el Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento, Pedro Arrojo, valoró el rumbo que había tomado el Ayuntamiento, destacando las políticas llevadas a cabo para garantizar el suministro del agua potable a los colectivos vulnerables e invirtiendo por la renovación y modernización de la red de saneamiento.
El pasado mes de marzo, Aguas de Cádiz dio un paso más al iniciar los pasos previos para la creación del Observatorio del Agua, que ha contado con casi una veintena de propuestas.
El objetivo, indica Nieves Gómez, que ha trabajado estrechamente en estos meses con Aguas de Cádiz, es que la empresa pública ofrezca cumplida información , lo haga de manera activa, y ofrezca cercanía. Esto, asegura, redundará en una mayor eficiencia porque sitúa bajo la lupa ciudadana la actividad desarrollada.
Pero, además, fomentará y coordinará procesos participativos, de manera que pueda hacer propuestas relativas al ciclo integral del agua en la ciudad, recoger y vehicular opiniones, sugerencias y quejas y facilitar la difusión de campañas de sensibilización.
El Observatorio Ciudadano del Agua contará para ello con una asamblea presidida por la presidenta de la sociedad, Ana Fernández, y una vicepresidencia propuesta por la propia asambles y refrendada por el Consejo de Administración.
Además, habrá representantes de las asociaciones de vecinos, consumidores, comerciantes, hotelería, Cámara de Comercio, colectivos empresariales, de las áreas de medio ambiente de sindicatos, de los centros de enseñanza y la UCA, de organizaciones ecologistas y, finalmente, de entidades de utilidad pública e interés general de carácter humanitario y/o cooperación.
Asimismo, entre sus funciones se encuentra evaluar, de forma no vinculante, las políticas públicas de la empresa. Esto permitiría que episodios como el de 2014, cuando se detectó la presencia de una bacteria en el agua en el barrio de Loreto y desató una tormenta política que coleó al menos durante dos años, hubiera sido analizado públicamente, dado que los miembros de la asamblea podrían contar con información detallada y, por lo tanto, habrían podido valorar si la gestión llevada a cabo fue la más adecuada.
