El tribunal cree que no se puede imputar al Estado una falta de supervisión ni de regulación, ya que la inversión en sellos con garantía de rentabilidad era una actividad mercantil contemplada en la ley que escapaba al control de las autoridades financieras, lo contrario que sostuvo la Agencia Tributaria y que se mantiene en la vía concursal, donde se han empezado a liquidar ambas empresas.
Las 25 sentencias notificadas hoy, que han sido adoptadas por unanimidad, resuelven los primeros recursos de un total de 570 que afectan a más de 200.000 personas y que anticipan la decisión que previsiblemente se aplicará a todos ellos y que acaba con las esperanzas para el resto de inversores de Fórum y Afinsa.
Los perjudicados reclamaban la responsabilidad patrimonial del Estado tanto por la actuación de los Ministerios de Economía y Sanidad y Consumo, como por la del Banco de España, CNMV, Agencia Tributaria y Ministerio Fiscal.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo entiende que, incluso en el caso de que ambas empresas hubieran realizado operaciones financieras, se trataría de un "negocio simulado, de naturaleza mercantil, que se habría pactado con la finalidad de defraudar la normativa vigente", que prohíbe ejercer actividades reservadas a las entidades de crédito sin autorización.
En este sentido, critica a los inversores al afirmar que su denuncia de que el Estado no ejerció las facultades de control "resultaría excesiva y no razonable (...) por la colaboración necesaria de los propios perjudicados en la operación de simulación que subyacía en los contratos".
Así, afirma que "una de las partes que ha intervenido en la operación de simulación trataría de hacer valer la situación jurídica disimulada e ilegal, frente a un tercero -la Administración Pública- para reprocharle, precisamente, que no ejerció las facultades que legalmente le correspondían para impedir una actividad en la que ella misma ha sido directa partícipe".
En suma, defienden que las competencias de supervisión y control del Banco de España y el Ministerio de Economía sólo entrarían en juego si se entendiera que Fórum y Afinsa realizaban, en realidad, auténticas operaciones financieras autorizadas.
Respecto a la responsabilidad del Ministerio de Sanidad y Consumo, afirman que la legislación que regulaba la inversión en sellos (la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva de 2003) "no otorgaba facultades de inspección o control" sobre estas empresas a dicho departamento, que tampoco tenía obligación de desarrollar la disposición adicional de la ley que se refería a este tipo de actividad.
La Audiencia Nacional concluye que "no puede exigirse a la Administración en el ejercicio de sus facultades de supervisión e inspección una garantía absoluta del adecuado funcionamiento del sistema", e insiste en que el Estado no tiene obligación de asegurar la solvencia de empresas que actúan conforme a una actividad regulada.
"La comercialización de bienes tangibles mediante contratos con pacto de recompra era una actividad reconocida y regulada legalmente (...) y la tolerancia por parte de las autoridades administrativas respecto de su ejercicio e incluso el respaldo oficial a este tipo de inversiones (...) no aseguraba la solvencia económica de dichas empresas (...) ni obligaba al Estado por el principio de confianza legítima a responder de la insolvencia sobrevenida".
Las sentencias notificadas hoy sólo serán recurribles ante el Tribunal Supremo por aquellos clientes que reclamen más de 150.000 euros.
La vía contenciosa-administrativa es una de las tres en las que se aborda la intervención de Fórum y Afinsa, que tuvo lugar en mayo de 2006, ya que los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional investigan a sus responsables por presunta estafa, insolvencia punible y administración desleal, entre otros delitos, mientras que los juzgados de lo mercantil tramitan sus procesos de insolvencia.
El agujero patrimonial de Fórum Filatélico es el mayor, con 2.802 millones, mientras que en Afinsa asciende a 1.823 millones de euros.
