Loli y Mateo Moncada no tardaron en intercambiar una mirada de estupefacción y angustia sentados sobre el duro banco de madera del juzgado de Arcos poco después del inicio de la vista por la demanda interpuesta contra Mapfre, aseguradora de la Residencia para Mayores Dolores Ibárruri La Pasionaria, de Alcalá del Valle, donde su padre, también Mateo de nombre, falleció víctima del Covid en la primera oleada de la pandemia, el sábado 21 de marzo de 2020. Ni por lo penal ni por lo civil, los hijos habían logrado hallar respuestas. El único resquicio legal que encontró su abogado para evitar que la muerte cayera en el olvido era la vía administrativa. Pero durante las cuatro horas de aquella primera vista, Loli y Mateo, estupefactos y angustiados, tuvieron la certeza de que tampoco hallarían consuelo ni reparación entre aquellas cuatro paredes. “La jueza interrumpía a mi abogado, sentí frialdad, escuché testimonios que lo justificaban todo, fue muy duro”, relata Loli a INFORMACIÓN tras recibir el fallo de la Audiencia Provincial que da carpetazo al suceso sin apuntar al coronavirus como único responsable.
La sentencia del pasado 27 de septiembre ratifica la anterior, de 17 de enero de este año, y obliga a asumir las costas a los hermanos Moncada. Cada línea del documento es un mazazo. Que estén obligados a pagar, es el golpe de gracia.
Loli recuerda que no tenía interés alguno en ser compensada económicamente porque “ni todo el dinero del mundo sirve” para devolverle a su padre a quien llora con frecuencia como “una niña pequeña”. Pero necesitaba que se señalaran a quienes no prestaron la “necesaria asistencia Mateo cuando enfermó por Covid, pese a las gravísimas patologías que tenía previamente a su ingreso, dependiente de una mascarilla para suministro de oxígeno durante 16 años”; a los que tardaron hasta cuatro días en realizarle la prueba para determinar si estaba infectado; a quienes no hicieron acopio ni consiguieron EPIS y le derivaron a un hospital sin UCI, el de Pascual, en Villamartín, en lugar de hacerlo al de Ronda. Loli y su hermano querían conocer la razón por la que a su padre no le visitó un médico entre el 15 y el 19 de marzo y no se les dio cumplida información del estado del paciente.
La Audiencia Provincial exculpa, en cualquier caso, al personal del centro, que fue noticia a nivel nacional porque fue clausurada, obligando a trasladar a los usuarios a otras instalaciones en La Línea. La sentencia explica que “todo ocurrió en el contexto de una pandemia mundial” y que “la residencia no es un hospital ni un centro de salud”. Y justifica que no se hiciera el test “porque ese tipo de pruebas estaba limitado a una decisión médica y a la disponibilidad de los servicios públicos de salud”, sin que conste que pudiera decidirlo la dirección de la residencia. La jueza admite, no obstante, que contaba con hasta 19 empleados de baja, pero insiste en que las decisiones sobre el estado del fallecido, como la medicación o el ingreso en el Hospital de Villamartín, correspondían al Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Loli no se da por satisfecha. Siente desamparo judicial. Insiste durante la conversación telefónica en que se podría haber evitado el desenlace fatal. Formula otro montón de preguntas a propósito de las respuestas que le han dado en el juzgado. Impotente, admite que lo único que le queda es bajar los brazos porque ni las administraciones públicas ni el poder judicial depurarán responsabilidades nunca. Hasta los medios de comunicación, lamenta, han pasado página definitivamente, como si lo ocurrido en aquel aciago marzo, y durante meses, hasta que el confinamiento, primero, y la vacuna, después, redujeran la incidencia, fuera un mal sueño. Acto seguido, sin embargo, recupera el tono. Si ha de seguir viviendo la pesadilla que comenzó hace tres años y medio, al menos quiere hallar la fórmula para mantener encendido el recuerdo de Mateo Moncada. En estas páginas la encuentra. “No sabes cuánto lo agradezco”, añade con un hilo de voz, “es lo justo con mi padre”.
