En plena alarma por la escasez de lluvia y una sequía extrema en la provincia de Cádiz, el avanzado estado de envejecimiento de buena parte de las infraestructuras de la Zona Gaditana dificulta enormemente una gestión eficiente del recurso dado que el 30% del agua se pierde por el mal estado de las instalaciones muchas de ellas, sin mejorar desde los años 50 del siglo pasado.
El presidente del PP de Cádiz y alcalde de la capital gaditana, Bruno García, admitió a preguntas de VIVA CÁDIZ que es preciso llevar a cabo obras hidráulicas para hacer frente a la situación y reconoció que “en este tiempo atrás” no se han llevado a cabo los trabajos necesarios. “Sí, tengo que decir que oficialmente tenemos un problema”, agregó, al tiempo que consideró que hay que reclamar inversión al Gobierno central, aunque “tiene un porcentaje menor”, la Junta de Andalucía y el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana.
Sobre esta cuestión, que se ha puesto sobre la mesa ante la intención del órgano gestor de revisar al alza la tasa del agua en alta, duplicando el precio actual y situándola en 0,32 euros por hectómetro cúbico, se expresó en términos similares el actual presidente del Consorcio, Andrés Díaz. También cuestionado por VIVA CÁDIZ, apuntó que el incremento del coste no servirá “para cubrir ni siquiera el 5% de las obras necesarias”, por lo que se comprometió a “llamar a todas las puertas” para obtener financiación.
“He tenido contacto con la Junta de Andalucía”, que juega el papel más importante, “pero también reclamaré recursos al Gobierno”, sostuvo, al tiempo que adelantó que es preciso incorporar nuevos integrantes, entre los que valora la Base Naval de Rota, para lo que hay que involucrar al Ministerio de Defensa.
El Consorcio, sin embargo, ya hizo números y la Administración autonómica, gobernada desde 2018 por el PP de Juanma Moreno, es la que debe asumir la mayor responsabilidad.
En el documento de alegaciones al proyecto del revisión del Plan Hidrológico correspondiente al proceso de Planificación 2021-2027 de la Demarcación de la Cuenca del Guadalete-Barbate, rubricado por el entonces presidente del ente, Jorge Rodríguez, de IU, y remitido a la Junta de Andalucía a mediados del pasado año, el Consorcio recuerda los compromisos adquiridos en el protocolo suscrito en 2005 para la mejora de la red. En el reparto de costes del plan de actuaciones 2009-2015, la Administración General del Estado tenía la obligación de aportar 70,89 millones de euros; la Junta de Andalucía, 1.317,68; y entidades privadas, 29,31.
En el plan revisado para 2015-2021, las cifras que aparecen en el cuadro son menores, pero el Gobierno autonómico, con 93,44 millones de euros, triplicaba la financiación prevista por el Gobierno central, que era de 38,08 millones de euros.
La Administración Local, por su parte, sumaba 119,57 millones, y “la combinación de los anteriores, 435,37 millones más”. Con estos números, el presidente del Consorcio solicitaba “detallar todas y cada una de las medidas que proponemos, así como indicar qué porcentaje de esas inversiones realizarán los diferentes organismos”.
Y, en cualquier caso, Jorge Rodríguez, lamentaba que, “si bien, pese a que los horizontes de la planificación” de las mejoras y modernización de las instalaciones de los 20 municipios consorciados “eran muy ambiciosos” “solo se han cumplido seis de las más 60 medidas previstas”.
Y detalla que en el Plan de 2009-2015, con 58 actuaciones en lista, se finalizaron o estaban en ejecución en 2022 siete proyectos, de los que el Consorcio realizó cuatro con fondos propios.
Ante la polémica suscitada, el coordinador de Transición Económica y Cambio Climático del PSOE de Cádiz, Javier Ruiz Arana, avanzó a principios de esta semana que los ayuntamientos gobernados por los socialistas y que forman parte del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana dirán no al “tarifazo” planteado, y acusó al Gobierno de Juanma Moreno de que “se pone de perfil, amaga con irse del Consorcio”, pero ni asume que debe liquidar sus compromisos con la salida ni ha llevado a cabo inversiones.
Ruiz Arana pidió, finalmente, al presidente del ente y a los miembros del PP que “se aclaren” y “coordinen” las políticas de agua y reclamen a la Junta de Andalucía los fondos relativos al canon de agua y las infraestructuras pendientes para que no afronten la factura de la modernización de la red de abastecimiento los ayuntamientos, en primer término, y los vecinos en caso de que prospere la modificación de la tasa propuesta.
