La Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en Cádiz ha mostrado este viernes su “disconformidad” con la política de vivienda que está realizando el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, priorizando la venta de suelo público para la edificación de viviendas de renta libre por encima de la construcción de inmuebles en régimen de alquiler social. Como ejemplo, la entidad ha señalado al solar de las Casitas Bajas, ubicado en el barrio de San Severiano y donde el presidente de la APDHA en Cádiz, Rafael Lara, ha ofrecido una rueda de prensa en compañía de varios socios que portaban una pancarta en la que se leía ‘Vivienda pública para alquiler social. Por el derecho a una vivienda digna’. 

Lara ha lamentado que el Gobierno municipal se niegue a apostar por el alquiler social para estos terrenos, como ya comunicó el alcalde días atrás, y quiera vender el 70% que le corresponde de dicho suelo a inversores privados “para obtener 7,5 millones de euros”. 

El colectivo reivindica que se destine este suelo público “a viviendas en alquiler social para las familias que no tienen recursos y no pueden permitirse una hipoteca”. “Aquí en Cádiz no se está priorizando el alquiler, sino la venta y la renta libre. Y con ello lo que van a conseguir es que la ciudad se vaya poblando de gente con recursos y se vaya expulsando a las personas más vulnerables”. “Hay gente que está ya en una situación insostenible”. 

Lara ha apuntado que la vivienda es “el principal problema” de la capital gaditana, recordando que actualmente hay más de 4.000 personas inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas de Cádiz y “no hay a la vista ninguna solución para ellas”. La solución que “para colmo” plantea el Ayuntamiento es “la renta libre, lo contrario de lo que venimos reclamando los colectivos sociales”. Y a ello ha sumado también el problema generado en la ciudad por la turistificación, “que está expulsando a la población”. “Esta ciudad -ha augurado- va a terminar convertida en un escaparate para los turistas”. 

Lara también ha hecho referencia al “vergonzoso ejemplo de la Zona Franca con Navalips”, criticando que de las 800 viviendas que se prevén construir, 400 serán de renta libre y las 400 restantes de VPO “pero para la venta, es decir, para la gente que tiene recursos y que puede pedir una hipoteca”. 

Ante todo esto, “planteamos una línea distinta que se está realizando en toda Europa, pero cuando llegan los gobiernos conservadores al poder tiran por otro lado, independientemente de lo que diga Europa y de lo que digan las propias leyes de vivienda, tanto la estatal como la autonómica, que priorizan el suelo público y el alquiler”. 

Por su parte, Eladio García, otro miembro de la APDHA, ha mostrado su disconformidad con la construcción en el solar de las Casitas Bajas de “una torre de 20 plantas para 130 viviendas” tras la venta del suelo público por parte del Consistorio gaditano. “En Cádiz lo que ocurre es que al tener muy pocos terrenos, si se enajenan todos los que son de propiedad municipal, ¿quién hace viviendas para las personas más vulnerables?”. “No se construyen viviendas protegidas en alquiler, ese es el problema”. 

Es por ello que García teme que la solución pase por la expulsión de gaditanos, “y eso es durísimo para esas personas y también para la propia ciudad”. “Si acabamos con las clases populares, ¿dónde se va a quedar la esencia de Cádiz?”. "Convertir la ciudad en un parque temático no es la solución, sino todo lo contrario”, ha añadido.

Por último, García ha rechazado la que, en su opinión, es una excusa del alcalde, que ha señalado que en el PGOU se reserva ese espacio de las Casitas bajas para la construcción de viviendas de renta libre. “El Plan se podría modificar sin ningún problema. Basta con una modificación puntual pequeña, que es ágil y simple”, ha zanjado.