La crítica situación en el Servicio de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal de Cádiz ha alcanzado un punto de no retorno. Se enfrentan a un escenario dramático, con 27 cadáveres en avanzado estado de descomposición, algunos retenidos desde hace dos años, en una sala de refrigeración que no cumple con los estándares necesarios. Este hecho no solo pone en evidencia las condiciones inadecuadas de almacenamiento, sino también el colapso operativo y administrativo del servicio, según ha publicado Diario de Cádiz este martes.

La crisis se ha desatado debido al síncope sufrido por el último auxiliar forense en activo, quien, tras desmayarse el pasado viernes, se ha visto obligado a tomar una baja médica de carácter indefinido. Este incidente ha llevado a la suspensión inmediata de las autopsias programadas, afectando directamente a los procedimientos judiciales y a las familias de los difuntos.

La respuesta de la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia ante esta emergencia ha sido enviar a una sustituta de 64 años, sin la formación ni la experiencia necesarias para desempeñar dicha labor. Esto refleja la profunda desconexión entre las necesidades del servicio forense y las acciones de las autoridades responsables.

Según fuentes del sindicato UGT, la raíz del problema radica en la incapacidad de la Consejería de Justicia para proporcionar personal cualificado. Se destaca la necesidad de contar con al menos cuatro auxiliares especializados, pero la realidad es que uno se ha jubilado, otra plaza permanece vacante desde hace años, y el resto está incapacitado. Esta situación ha dejado a los forenses sin la asistencia necesaria para realizar su trabajo, paralizando de facto el servicio de autopsias en Cádiz.

La gravedad del asunto se manifiesta en el hecho de que incluso se ha recurrido a la contratación de un carnicero para cubrir una vacante de auxiliar de autopsias, una decisión que ha generado indignación y críticas por su inadecuación. UGT ha hecho un llamado urgente para que se cubran las vacantes con personal técnico formado en anatomía patológica, para evitar que estos puestos clave se conviertan en "un cajón desastre".

La labor de los auxiliares de autopsia es esencial en el proceso judicial. Estos profesionales se encargan desde la recepción y preparación del cadáver hasta asistir en la autopsia, incluyendo el pesaje y medición de órganos, así como la conservación y envío de muestras. En 2021, en Cádiz se realizaron 459 autopsias y en 2022, 567, cifras que subrayan la importancia de su rol y la necesidad de personal adecuado.

Otro aspecto preocupante es la acumulación de cadáveres en la sala de refrigeración, que se suma a la falta de personal auxiliar. En las instalaciones del Instituto, hay 30 cuerpos, incluyendo 16 no identificados, la mayoría inmigrantes que perecieron intentando alcanzar la costa. Esta situación no solo representa un riesgo para la salud de los trabajadores, sino que también viola la dignidad de los fallecidos, con cuerpos pudriéndose en condiciones inadecuadas.

Desde UGT se ha planteado llevar este problema a una Mesa de Salud Laboral, mientras que desde el servicio se ha informado al Consejo General del Poder Judicial sobre esta situación anómala. Sin embargo, las respuestas han sido limitadas y la burocracia continúa ralentizando las soluciones.