La Comisión Europea ha abierto una investigación antimonopolio para determinar si la multinacional Google penaliza a sus competidores en las búsquedas en línea, tanto gratuitas como de pago.

La investigación responde a las denuncias presentadas por otros proveedores de servicios de búsqueda que se sienten discriminados, pero no implica que la CE disponga de pruebas de tales infracciones, según advirtió el Ejecutivo europeo en un comunicado.

Los demandantes aseguran, por un lado, que el motor de búsqueda en internet Google rebaja en sus resultados de búsqueda gratuita la posición de servicios especializados competidores y favorece los suyos propios.

Dichos servicios especializados –conocidos como servicios de búsqueda verticales– proporcionan a los usuarios ciertos tipos de contenido específicos como comparadores de precios.

Por otro lado, la Comisión quiere verificar las alegaciones según las cuales Google degrada, en sus resultados de búsqueda de pago, el llamado marcador de calidad de los servicios de búsqueda verticales competidores.

El marcador de calidad es uno de los factores que determina el precio por la aparición de una publicidad en Google.

En tercer lugar, Bruselas también va a investigar si Google impone cláusulas de exclusividad a sus socios publicitarios, con el objetivo de prohibirles exhibir en sus páginas web determinados anuncios de sus competidores, lo mismo que a proveedores de ordenadores y de programas informáticos, a fin de excluir los motores de búsqueda rivales.

Por último, la Comisión va a estudiar si el gigante estadounidense restringe la movilidad de campañas de publicidad en línea desde su plataforma a otras de la competencia.

La CE precisa que no tiene un plazo jurídicamente vinculante para pronunciarse en este tipo de investigaciones.
La duración de la investigación depende de una serie de factores tales como la complejidad del caso y la cooperación que muestren las empresas involucradas.

Por su parte, Google señaló que trabaja “concienzudamente” para hacer lo “mejor” tanto para los usuarios como para la industria y que está abierto a recomendaciones y a trabajar con la Comisión Europea (CE) para abordar cualquier “inquietud”.