La ley antitabaco, que prohibirá fumar en casi todos los espacios públicos cerrados a partir del próximo 2 de enero, avanza en su tramitación y, frente a las demandas de sociedades médicas y de pacientes, el Gobierno ha sido tajante: no habrá pasos atrás.

Así lo corroboró la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, tras reunirse en el Senado con representantes de una veintena de organizaciones del ámbito sanitario y social que le trasladaron su deseo de que la reforma legislativa se apruebe con el máximo consenso parlamentario posible.

Esas organizaciones hicieron público un nuevo manifiesto en el que piden a los legisladores que eviten excepciones en la nueva norma que puedan ser utilizadas para incumplirla.

Los "cubículos" para fumadores que defienden el PP y los hosteleros -en los que se podría fumar pero en los que no tendrían que entrar los trabajadores de la hostelería- serían, según los firmantes del manifiesto, la excusa perfecta para incumplir la ley "y mantener la omnipresencia del humo en los espacios de ocio y convivencia".

Entre los autores del manifiesto están la Organización Médica Colegial, la Asociación Española contra el Cáncer, varias sociedades médicas, de consumidores o el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo.
Recordaron estas organizaciones que el humo del tabaco mata cada año a unas 56.000 personas, de las cuales 3.000 mueren por respirar en contra de su voluntad el aire contaminado.

En el Senado, la ley pasó ayer uno de sus últimos trámites parlamentarios, con el debate y la votación en ponencia y posteriormente en la Comisión de Sanidad de las enmiendas que algunos grupos mantienen "vivas".
Entre éstas, destacan las propuestas a favor de una moratoria en la aplicación de la nueva norma y las que defienden que los establecimientos hosteleros puedan voluntariamente cerrar un espacio reservado para los fumadores.

Pero las organizaciones que ayer reiteraron su apoyo a la reforma insistieron en que moratorias o excepciones no servirían para asegurar la protección de los trabajadores y de los usuarios que la ley persigue.

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, aseguró, tras entrevistarse con estos colectivos, que la voluntad del Gobierno y del grupo socialista es "no dar un paso atrás" en la aplicación de la ley antitabaco, que llegó al Senado, y pidió al PP que apueste por la defensa de la salud pública frente a otros intereses.

Pajín recalcó que la ley no ha supuesto daños económicos ni pérdida de empleo en otros países que tienen legislaciones similares.