En España hay 50.000 embriones congelados que no han sido transferidos para provocar una gestación y que permanecen en un limbo legislativo a la espera de que se tome una decisión sobre su posible destrucción, su donación a parejas con problemas de fertilidad o su uso para la investigación.

“Tenemos cincuenta mil embriones y no sabemos qué hacer con ellos”, reconoció el ginecólogo Pedro Caballero, director de la Fundación Tambre, que ha constituido el primer comité de ética de una clínica de reproducción asistida creado en España.

El doctor Miguel Casares, coordinador de Trasplantes y presidente del Comité de Ética Asistencial del Hospital Universitario de Getafe, hizo hincapié en que tanto las instalaciones como el mantenimiento de estos cigotos con nitrógeno líquido son “enormemente costosos”, por lo que urge tomar una decisión sobre su futuro.

En cuanto a la posibilidad de destinarlos a la investigación para el tratamiento de enfermedades o para la medicina regenerativa, confesó que las clínicas de este país especializadas en células madre prefieren obtenerlas por otras vías, siempre que sea posible, sin recurrir a las embrionarias.

La opción de que los embriones se implanten en mujeres con problemas de fertilidad choca también con la legislación española.