El grupo popular en la Diputación Provincial de Cádiz llevará al próximo pleno una moción para instar al Gobierno de España a que declare cuanto antes como profesión de riesgo el trabajo que realizan los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, “un obligado reconocimiento hacia las fuerzas de seguridad en general, que se hace aún más incuestionable en nuestra provincia”, ha afirmado el portavoz del grupo popular en la Diputación, Juancho Ortiz.
La iniciativa reclama además la equiparación salarial de ambos cuerpos con otras fuerzas de seguridad autonómicas, para lo cual se exige “la puesta en marcha de una ley de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que impida en el futuro nuevas desigualdades en relación al resto de policías del territorio español”.
Ortiz ha reivindicado que la defensa de la actuación de los cuerpos de seguridad contrasta con “la precariedad que mantienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la provincia en donde hemos vivido terribles acontecimientos derivados del trabajo en desigualdad de condiciones que se ven obligados a desarrollar las fuerzas del orden frente a las bandas de narcotraficantes”.
El portavoz popular ha rechazado “el desprecio que el ministro del Interior demuestra a los cuerpos de Seguridad, dando de lado constantemente sus reclamaciones de más medios y mejores condiciones laborales para desarrollar su labor”; a la vez que ha recordado que “tres meses después del asesinato de los guardias civiles en Barbate poco o nada ha cambiado en la zona y se sigue negando la Declaración de la Zona de Especial Singularidad par la provincia de Cádiz”.
“Nuestra obligación como servidores públicos es cuidar a quienes nos cuidan y seguir reclamando y demandando mejoras en las condiciones laborales y salariales de la Policía y la Guardia Civil y, sobre todo, el reconocimiento de su trabajo como profesión de riesgo”, ha señalado.
En este sentido, la iniciativa registrada trasladada por el PP al próximo pleno provincial reclama la declaración como profesión de riesgo del trabajo de ambos cuerpos de seguridad, así como la necesidad de que se acometan las modificaciones legales oportunas para que los agentes puedan solicitar la jubilación anticipada. Asimismo, se insta al Gobierno a elaborar un informe sobre las cantidades pendientes de consignar, puesto a puesto, hasta la equiparación real, total y absoluta de Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonómicas, así como a la elaboración de una ley de retribuciones que impida en el futuro nuevos agravios salariales.
De la misma manera, la iniciativa solicita al Gobierno que cumpla el mandato del Congreso de los Diputados para la asignación urgente de efectivos policiales a las Unidades Adscritas de la Policía Nacional en Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Aragón a fin de cubrir el 100% del Catálogo de Puestos de Trabajo que tienen asignadas estas unidades.
