El alcalde de Cádiz Bruno García, acompañado de la delegada territorial de Vivienda de la Junta de Andalucía, Carmen Sánchez, y de la concejala de Vivienda, Ana Sanjuán, mantuvieron en la tarde del pasado viernes una reunión en el Ayuntamiento con representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos 5 de Abril.
Los dirigentes vecinales querían conocer el criterio para la calificación del régimen de alquiler por el que se van a adjudicar las 60 viviendas de la segunda fase de Matadero, así como se hizo un repaso de las acciones que se están realizando y que se van a hacer en materia de vivienda por el actual equipo de Gobierno y las que están realizando otras administraciones.
En el caso concreto de Matadero, el alcalde explicó a los dirigentes vecinales que el anterior equipo de Gobierno aprobó el 28 de junio de 2018 en Junta de Gobierno Local, a propuesta de Alcaldía, la calificación de 60 viviendas protegidas en régimen especial en alquiler, tras el informe favorable municipal ante la documentación presentada por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.
En ese punto aprobado por la Junta de Gobierno Local se establecía que “la selección de las personas destinatarias de las viviendas se realizará respetando los principios de igualdad, publicidad y concurrencia, recogidos en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre y de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo; y la Orden 1 de julio de 2009 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se regula la selección de los adjudicatarios de viviendas protegidas a través de los Registros Públicos de Demandantes de Viviendas”, que es lo que está haciendo actualmente la Junta de Andalucía.
Posteriormente el anterior equipo de Gobierno hizo una nueva aprobación en febrero de 2022 por el que esa promoción se acoge al Plan Vive “lo que supondrá la obligación de mantener el régimen de alquiler o cesión del uso”.
Antes, en mayo de 2021 se hizo un acto público sobre la licitación de la obra en el que estuvieron concejales del anterior equipo de Gobierno y en el que se volvió a hablar del régimen de las viviendas y de las rentas que se pagarían por inquilino en función de los metros cuadrados de sus viviendas, que estarían entre los 321 y los 376 euros.
Por ello, tanto el alcalde como la delegada territorial explicaron a los dirigentes vecinales que las propuestas que se están enviando a la Junta parten del Registro de Demandantes de Vivienda en función del cumplimiento de las condiciones que ya se acordaron entre la Junta y el anterior equipo de Gobierno.
Asimismo, los representantes públicos explicaron a la Federación 5 de Abril cómo se encontraban los distintas promociones en las que se está trabajando. En este caso, en el caso del Ayuntamiento de Cádiz, se les informó que todas los proyectos que cuentan ya con financiación serán destinados a alquiler social, salvo el de García de Sola, que será VPO en régimen de venta.
Bruno García insistió en que la vivienda es uno de los ejes prioritarios sobre la que va a pivotar la acción de gobierno en este mandato bajo la premisa de una política diversa en la que también tienen que participar la Junta de Andalucía, el Gobierno de la nación y la iniciativa privada.
