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Kichi se las ve ante el juez este lunes por el papel de un asesor

El ex alcalde declara para determinar si Fernando García Acuña, personal de Por Cádiz Sí Se Puede, condicionó pliegos pese a no ser funcionario municipal

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  • Bruno García y Kichi, en el pleno de investidura de hace un año. -
  • Kichi asegura estar tranquilo por los hechos pero fastidiado por lo que tacha de acoso judicial contra su gestión
  • El actual alcalde, Bruno García, aseguró que la denuncia huele mal

José María González, Kichi, acudirá a declarar este lunes, 24 de junio, ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz,  junto a los ex concejales José Ramón Páez, David Navarro y Laura Jiménez, y el ex jefe de Gabinete de Alcaldía José Vicente Barcía, acusado de un presunto delito de prevaricación.

El escrito de Fiscalía explica que la Secretaría General de la Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Cádiz denunció que Fernando García Acuña, contratado por el grupo municipal de Por Cádiz Sí Se Puede, impartía instrucciones de carácter preceptivo en cuanto a su cumplimiento a terceros, que contaban con la condición de funcionarios públicos, de la que carecía el también investigado, entre el 28 de noviembre de 2018 y el 15 de abril de 2019. Y remarca que García Acuña, que también comparecerá ante el juez, era respaldado en el ejercicio de sus funciones y las decisiones que tomaba por los miembros del equipo de Gobierno.

En concreto, el documento cita la modificación de los expedientes de licitación del Servicio de Atención al Público de las Oficinas de Turismo y la Gestión Integral del Yacimiento Arqueológico Gadir por parte del asesor, con la anuencia del entonces alcalde y la edil Laura Jiménez.

Fiscalía señala que, a partir del 15 de abril de 2019 hasta el 14 de abril de 202, García Acuña actúa como técnico de administración general de la administración (TAG) para la confección de expedientes derivados de la estrategia Edusi; entre el 22 de abril de 2020 hasta el 21 de abril de 2021, para el desarrollo del Plan Anual de Contratación 2020; del 10 de mayo de 2021 al 2 de enero de 2022, como interion TAG para el Plan Anual de Contratación 2021; y, finalmente, desde el 10 de enero a la actualidad, fue seleccionado como técnico superior de programas para el Áreas de Programas del Instituto de Fomento y Empleo y Formación (IFEF). Pero apunta que, en el periodo anterior a esta cronología, su actividad no está documentada y se desconoce si cobraba con cargo al patrimonio público, su forma de selección y si fue determinante en los expedientes de contratación pese a carecer de la competencia para ello.

García Acuña “no era amigo ni familia de nadie ni comisario político de nadie, sino un experto en Contratación Pública”, y para ello fue contratado, explicó Kichi recientemente en una entrevista en La Orilla, el programa que dirige y presenta Pedro Espinosa en 7TV.

En 2015, recordó, existía “un marco legislativo y político en el que los ayuntamientos y las administraciones sacaban contratos a la calle para que determinadas empresas multiservicios, que a la sazón pagan las campañas electorales del PP, se llevasen mordidas e hiciesen el negocio”. El objetivo marcado era “mejorar el servicio público y dignificar el empleo”, a la vez que el dinero público invertido “cotizase aquí en Cádiz y no en un paraíso fiscal”. En este contexto, García Acuña se incorpora “para asesorar al equipo de Gobierno” con la finalidad de que “las decisiones que tomásemos tuviesen que ver, ni más ni menos, con el programa electoral que nos había llevado al Gobierno de la ciudad”. “Dicen que esa contratación generó presiones a funcionarios y que se despidió a esos dos cargos de libre designación porque no hacían caso a esas presiones, y es absolutamente falso”, sostuvo.

Kichi se mostró “tranquilo” ante la citación judicial, en cualquier caso, pero reconoció que también estaba “fastidiado”, porque, pese a estar alejado de la política activa, todavía “tienes que estar liado con este tipo de procedimientos”.

Tanto él como Adelante Cádiz sostienen que “esto no es más que ese lawfare a la gaditana, ese acoso político del PP y de ciertos poderes de la ciudad por intentar desmontar algo que creen que no es legítimo”, e insisten en que el ex primer edil se ha enfrentado a hasta 17 denuncias que han quedado archivadas. Como quedará esta una vez más, están totalmente convencidos.

Al respecto, el actual alcalde, Bruno García,  reclamó explicaciones Kichi. “Parto de la presunción de inocencia”, aclaró, pero remarcó que las acusaciones “no suenan nada bien”. Además, reconoció que él mismo y el PP conocían que el ex alcalde se encontraba inmerso en este pleito durante la pasada campaña electoral, pero “no quisimos hacer una guerra con eso”, aunque la lista de Adelante Izquierda Gaditana llevara a dos personas investigadas, el propio ex primer edil y José Ramón Páez.

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