La trascendencia de la aprobación de una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados es muy limitada. No pasa casi de ser una declaración de intenciones que, en ningún caso, condiciona al Gobierno. Pero marca la agenda política y, además, retrata a los partidos. La iniciativa del Bloque Nacionalista Galego (BNG) debatida esta semana en la Comisión de Industria de la Cámara Baja, y que salió adelante, ha generado revuelo. El diputado nacionalista Néstor Rego denunció en su intervención “la discriminación flagrante” por la contratación de 100 nuevas personas en los centros de Navantia situados en la Bahía de Cádiz en detrimento de Ferrol y reclamó con éxito que la empresa pública reparta de forma proporcional entre los astilleros de toda España las 1.500 incorporaciones anunciadas por el presidente, Pedro Sánchez, en marzo de 2023, para evitar nuevos agravios con la factoría gallega.
El PP dio el sí a la propuesta del BNG. La diputada popular por A Coruña Tristana Moraleja aprovechó su intervención para demandar, además, con el cumplimiento del compromiso del Gobierno de llevar a cabo la construcción de un dique cubierto y afeó que, de los 400 millones de euros previstos para la modernización de las instalaciones en Ferrol, solo se ha ejecutado el 25%.
Juan Carlos Ruiz Boix, secretario provincial del PSOE de Cádiz, se apresuró a afear esta posición, por medio de un comunicado de prensa, tanto al alcalde de Cádiz, Bruno García, como al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, “que den explicaciones a la plantilla de Navantia en la Bahía sobre esa preferencia del PP por los astilleros gallegos”.
Sin embargo, los representantes de los trabajadores, que cuestionan la postura de los populares, también lamentan la abstención de los socialistas, que justificaron el sentido del voto argumentanto que la propuesta del BNG cerraría la posibilidad de contratar más personal si aumenta la faena.
Los representantes de los empleados en Cádiz, Puerto Real y San Fernando tienen claro que el reparto de los 1.500 refuerzos debe responder exclusivamente a un criterio vinculado a la carga de trabajo comprometida. Y la provincia, en este sentido, precisa de más efectivos. Unos días después del anuncio de Pedro Sánchez, advirtieron de que era necesario contar con un millar de empleados más. Ahora matizan la petición y la cifran en 800, pero temen que la presión de los compañeros gallegos rebajen el número final a unos 500.
Avanzan que solicitarán reuniones con los alcaldes de los municipios afectados, incluyendo a Rota, donde hay presencia de Navantia en la Base Naval, para la defensa de los intereses de Cádiz, tal y como hacen, reconocen con envidia, en Ferrol. En cualquier caso, la decisión final pasa por la aprobación del convenio y los tres representantes gallegos en el comité intercentros son claves. Pero es preciso, añaden, hacer fuerza para que el planteamiento de reparto atienda las exigencias en la Bahía y evitar la subcontratación, que ofrece condiciones más desfavorables, si se pueden reforzar las plantillas de la empresa pública.
