Lo ha explicado el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien aseguró que el reglamento se basa en la relación entre inmigración y empleo y que ha sido “ampliamente” consensuado con sindicatos y empresarios y ONG.
Rubalcaba recordó que la norma incorpora algunas cuestiones relativas a la trata de personas, que tienen que ver muchas veces con la inmigración irregular y la violencia de género.
Sobre las inmigrantes ilegales que padecen violencia machista, ha señalado que si denuncian no significa que se las expulse, sino que “se para” el expediente, según la norma, aunque ha matizado que esto ya se viene haciendo en la práctica.
“Algo que venimos practicando ya -subraya-, que las mujeres que sufren violencia de genero y están irregularmente en España no tengan miedo al ir a la comisaria pensando que eso les va a suponer la expulsión”.
Aparte, Pérez Rubalcaba ha explicado que el reglamento “alienta” el retorno voluntario, en el sentido de que quien desee volver a su país por quedar en paro “no pierda” los años de trabajo en España.
