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El Gobierno destina 20 millones a las evaluaciones del Programa Acredita

El Gobierno calcula que con estos 20 millones de euros se podrán atender las evaluaciones de unas 50.000 personas.

El Consejo de Ministros aprobó este viernes un crédito de 20 millones de euros, y los criterios de distribución entre las comunidades autónomas, para realizar el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales contemplado en el Programa Acredita, en 2011.

El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo que la puesta en marcha de Acredita es una parte “fundamental” del nuevo sistema de formación profesional, y “un paso importantísimo” que se da en España por primera vez.

El Gobierno calcula que con estos 20 millones de euros se podrán atender las evaluaciones de unas 50.000 personas y que el Ministerio de Trabajo e Inmigración pondrá otros cuatro millones dentro de unos meses, que podrán atender otras 10.000 solicitudes, en total 60.000 evaluaciones, ha añadido el vicepresidente.

El Programa Acredita es una parte sustancial de la reforma de la FP con el que se pretende “reconocer la cualificación profesional de los trabajadores que han adquirido en su trabajo y facilitar su progresión académica”, dijo Pérez Rubalcaba.

“No se trata de dar títulos”, sino de evitar parte de los planes de estudios, porque se entiende que toda la formación práctica asociada a un estudio de FP puede haberse adquirido en el trabajo y se debe convalidar, añadió.

Para el vicepresidente la reforma de la FP “va muy bien”, como demuestra el crecimiento de las tasas de escolarización y que los jóvenes cada vez eligen más estos estudios. “De hecho, en estos momentos, se da la paradoja de que hay más restricciones, numerus clausus, en la formación profesional superior que en el conjunto de los estudios universitarios”, dijo Pérez Rubalcaba.

Las primeras convocatorias que se realicen en 2011 estarán centradas en acreditar competencias relacionadas con los perfiles profesionales de Educación infantil, implantación de la Ley de Dependencia, Hostelería y turismo, y Reparación y mantenimiento de vehículos.

Además las comunidades autónomas podrán incorporar otros sectores que en sus correspondientes ámbitos territoriales se consideren prioritarios.

El criterio que se ha contemplado para el reparto del crédito ha sido el porcentaje de población entre 25 y 64 años de cada autonomía susceptible de acreditar sus competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o por vías no formales de formación.

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