Casi una semana después de que VIVA CÁDIZ informara de la suspensión cautelar la licitación del servicio de Ayuda a Domicilio por parte del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación, los representantes de los trabajadores han considerado una “auténtica barbarie” los recursos presentados por el Círculo Empresarial de Cuidados a Personas (Cecua) y la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste) que han motivado la decisión del órgano de arbitraje de la institución provincial.
El presidente del comité de empresa, Óscar Miraut, ha explicado en conversación telefónica que el argumento esgrimido por dichas entidades, que el presupuesto del contrato no recoge los acuerdos alcanzados en el Sercla por la actual concesionaria, plantilla y Ayuntamiento, no se ajusta en la realidad, dado que el pliego incluye las 392.000 horas anuales a un precio de 20,5 euros, tal y como se determinó ante la autoridad laboral en febrero.
“Nuestro colectivo ha sido históricamente maltratado por el corporativismo de empresas representadas por estas asociaciones”, ha advertido, al tiempo que las ha acusado de “poner la mano para enriquecerse por no hacer nada a costa del recorte de derechos laborales de los trabajadores”.
Miraut, ha reconocido que el varapalo administrativo ha generado incertidumbre entre la plantilla, pero “ha vuelto la tranquilidad cuando hemos explicado que los acuerdos suscritos ante el Sercla son de obligado cumplimiento sea cual sea la empresa que finalmente se haga cargo del servicio”. “Desde este comité de empresa se ha trabajado por una dignificación real para la plantilla de Ayuda a Domicilio y está garantizado”, ha insistido.
Cuestionado sobre la posibilidad de que el Tribunal administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación estime finalmente los recursos presentados por las dos asociaciones empresariales, el representante de los trabajadores ha dicho que “es el equipo de Gobierno el que debe responder” y tratar de sacar adelante una licitación que cuenta, al término del plazo de presentación de ofertas, con tres firmas interesadas, Socializarte, Grupo ADL y Óbolo. Pero, si no fuera capaz de hacerlo, y el Ayuntamiento tuviera que incrementar el precio por hora “para contentar a esas entidades”, el alcalde, Bruno García “estaría perdiendo el tiempo para plantear la municipalización del servicio”.
Esta, recuerda, ha sido la opción de la plantilla desde el primer momento y solo la apartó cuando el primer edil se comprometió a dotar de manera suficiente el contrato. En cualquier caso, ha subrayado, la municipalización del servicio permitiría ahorrar a las arcas municipales, “entre el 13% de gastos generales y el 7% de beneficio industrial”, 1,4 millones por año.” Pero para eso, hace falta valentía y creer en lo público”, ha concluido.
