Tamara Manzano, la mujer de 46 años con problemas de salud y dos hijas que ocupaba desde hace un año una vivienda propiedad de Procasa en la calle Marinero en Tierra, en el barrio de Guillén Moreno, entregó las llaves del inmueble a los responsables de la empresa municipal en la mañana de este martes. Concretamente, a las 10.11 horas, Tamara abandonó el piso en cumplimiento de la orden judicial, tras no prosperar el recurso presentado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), que la ha respaldado durante el procedimiento, que sostenía que, si los servicios sociales municipales han dictaminado la existencia de vulnerabilidad en el caso de esta familia, una madre con problemas de salud y dos menores a cargo, el Ayuntamiento debería acatar el Real Decreto-Ley 1/2025, que, con fecha de 28 de enero, “prorroga durante todo el 2025 la suspensión de los procedimientos de desahucio y de lanzamiento para hogares vulnerables sin alternativa habitacional”.
Rafael Lara, portavoz de la organización, lamentó que “el juzgado ha actuado mal” y cargó contra el equipo de Gobierno al acudir a la vía penal para lograr el desalojo. “"Hay muchos casos precedentes y nunca se actuó así, con riesgo de multa y cárcel”, agregó en declaraciones a los medios a la puerta del bloque, donde se reunió una treintena de personas para dar su apoyo a la mujer.
Ésta aseguró que no sabía dónde pasar la noche, pero durante la jornada se aclaró su situación. Por un lado, aceptó el ofrecimiento del Ayuntamiento de dormir en la pensión de la calle Soledad, y donde la familia podrá permanecer durante diez días. Por otra parte, Tamara mantuvo un encuentro con el alcalde Bruno García, acompañado de la portavoz del equipo de Gobierno, Maite González, y del teniente de alcalde de Servicios Sociales, Pablo Otero, para valorar la posibilidad de acceder a un piso en el centro de 40 metros cuadrados y alquiler de 650 euros mensuales ofrecido por un particular. Si aceptara, desde Servicios Sociales se determinará con una baremación técnica el porcentaje que le podría corresponder según los ingresos que tiene y su situación personal.
Sin embargo, según fuentes municipales, la propia afectada rehusó al mismo al considerarlo demasiado pequeño. Con todo, el equipo de Gobierno sigue trabajando para buscar una alternativa, pero reitera el argumento mantenido por el primer edil desde que el caso de la familia acaparó titulares. Bruno García ha recordado que accedió a la vivienda de Guillén Moreno de forma indebida porque hay un centenar de familias por delante de la de Tamara en situación de vulnerabilidad que esperan una solución habitacional, “y no es posible saltarse el orden” elaborado con criterios técnicos, ni tampoco tolerar la ocupación.
