IU Cádiz ciudad ha denunciado que Bruno García y Ana San Juan mantienen su estrategia de “reconvertir” a Procasa en lo que fue durante los mandatos de Teófila Martínez, un mero instrumento en favor de las promotoras de la ciudad, demostrando que para ello, están dispuestos a “saltarse” incluso los acuerdos municipales que, como en el caso de la ocupación de familias con menores en pisos municipales, establecían medidas para evitar que acabasen con estos en la calle sin ninguna alternativa.
Para ello, la formación de izquierdas ha hecho público un acuerdo de septiembre de 2022, donde se protocolizaba la práctica puesta en marcha durante los mandatos anteriores y que tenía como finalidad proteger a los menores y seguir las directrices planteadas por instituciones como el Defensor del Menor. Así, este protocolo recoge que antes de iniciar ninguna acción judicial es preciso que la empresa municipal comunicase a Asuntos Sociales para la valoración de la familia, para que desde ese mismo momento se le ofrezcan alternativas habitacionales, e incluso se le pueda reconocer la situación de excepcionalidad en el registro por exclusión social.
Sin embargo, como acentúan desde IU Cádiz ciudad, en este caso la actitud del Partido Popular ha sido la de primero desahuciar, y luego ante el revuelo mediático ofrecer falsas alternativas a la familia, llegando incluso a producirse estas mediante llamadas de concejalas de otro ramo a la propia afectada.
De este modo, reclaman desde la formación que no se puede volver a repetir la situación ‘kafkiana’ que se ha vivido con el caso de Tamara donde el Ayuntamiento de Cádiz se ha saltado sus propios acuerdos, Procasa ha desahuciado vía penal a una familia con menores en la calle sin alternativa, mientras Servicios Sociales emitía un informe de vulnerabilidad para evitar el desahucio. Y todo ello junto al evidente desconocimiento de la normativa reciente para la protección habitacional de personas en situación de vulnerabilidad.
Es último, la organización de izquierdas recomienda al Partido Popular que deje de sentarse en la mesa de las promotoras y especuladores, “saque del cajón” el acuerdo entre Asuntos Sociales y Procasa para evitar desahucios de familias con menores, y de camino se ponga a trabajar actualizando el Protocolo Antidesahucios que el anterior Equipo de Gobierno activó para adaptarlo a la legislación actual y cumplir con la obligación de suspensión de lanzamientos que recoge el Decreto 1/2025, así evitar que casos como el de Tamara se vuelvan a repetir.
