La diputada gaditana de SUMAR en el Congreso, Esther Gil de Reboleño, ha denunciado con firmeza las recientes declaraciones del consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, quien, durante un acto público en Cádiz, puso en cuestión el cumplimiento de la Ley de Memoria
Democrática en relación con el cambio de nombre del estadio Ramón de Carranza. Nieto manifestó que el nombre de Carranza "es un concepto" y criticó el proceso de retirada del nombre franquista del estadio gaditano como una imposición "por capricho", lo que ha sido interpretado como una legitimación del incumplimiento de la normativa vigente. En base a esta argumentación, “pido al señor Moreno Bonilla que desautorice de inmediato estas declaraciones y recuerde a su consejero que está al servicio de la ley, no por encima de ella”, en palabras de Gil de Reboleño.
La política de SUMAR Cádiz, además, ha calificado estas afirmaciones de “gravísimas” en base al perfil público y profesional del consejero del Gobierno andaluz. “Las declaraciones del señor José Antonio Nieto no solo revelan una actitud profundamente irresponsable, sino que alimentan un discurso peligroso que erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en el Estado de Derecho”.
Gil de Reboleño, además, ha querido recordar que desde SUMAR “defendemos que las leyes deben cumplirse, no solo por parte de la ciudadanía, sino especialmente por quienes ostentan responsabilidades públicas. Si hay desacuerdos con una norma, el cauce es el debate democrático y la negociación entre administraciones, no el desprecio a la legalidad ni el fomento del incumplimiento”.
El estadio municipal de Cádiz cambió su denominación en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica de memoria democrática, al considerar que Ramón de Carranza fue una figura destacada del régimen franquista. La posibilidad de revertir esta medida supondría una vulneración de la legalidad vigente, lo que ha encendido las alarmas entre formaciones políticas y colectivos de memoria histórica. “Desde SUMAR se exige una rectificación inmediata y un compromiso claro del Gobierno andaluz con el respeto al Estado de Derecho y a la memoria democrática”, ha concluido.
