La formación de izquierdas denuncia que en canales y plataformas conocidas de alquiler convencional se siguen ofertan alquileres turísticos por semanas camuflados como ‘alquileres de temporada’,lo cual es un fraude de ley y sospecha de que dispongan de licencia de VUT.
IU Cádiz ciudad ha reclamado a Junta de Andalucía y a Ayuntamiento que comprueben si cuentan con licencia turística las viviendas que día tras día se anuncian como alquileres de temporada en canales y plataformas conocidos, cuando en realidad ofrecen estancias que se corresponden con las de uso turístico, y que por tanto debe de regirse bajo sus normas.
La formación de izquierdas, recuerda que el alquiler turístico es aquel que se destina a un tiempo determinado y relativamente corto, y que se comercializa habitualmente por plataforma y canales, de forma que aquellas personas propietarias que ofertan sus inmuebles con estancias inferiores, caso de semanas o quincenas, están actuando de forma más que fraudulenta, ya que no están destinando las viviendas a alquiler de temporada sino al uso turístico, y por tanto, requieren licencia para su explotación.
Se puede comprobar a simple vista, señala la organización, que incluso en páginas no convencionales de alquiler turístico abundan los anuncios que al mismo tiempo que ofrecen alquileres para la próxima temporada escolar incluyen la posibilidad de alquilar en verano por estancias cortas.
Para IU Cádiz ciudad, es más que evidente la sospecha que detrás de esas prácticas se esconde un buen número de viviendas que no cuentan a día de hoy licencia turística y que operan como tales fuera de la legalidad. Se benefician de una parte del alquiler en temporada escolar con precios similares a los del alquiler residencial, y aprovechan el verano para obtener los mayores beneficios con un alquiler turístico no declarado en claro fraude de ley.
Por todo ello, la formación insta a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento a que se pongan las pilas e inspeccionen los canales de oferta de alquiler convencional para detectar las posibles infracciones que se están cometiendo en la ciudad y que están mermando gravemente el alquiler residencial. Este fraude, es fácilmente detectable y por tanto no requiere más que de voluntad política para perseguirlo.
