Cádiz

CSIF celebra que el Ayuntamiento de Cádiz sancione a la empresa concesionaria de limpieza

El sindicato aplaude el procedimiento sancionador a Valoriza, aunque considera que esta medida "llega excesivamente tarde"

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  • Empleados de Valoriza. -

El sindicato CSIF ha calificado como “una buena noticia” la apertura por parte del Ayuntamiento de Cádiz de un procedimiento sancionador contra Valoriza Servicios Medioambientales, empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos. No obstante, considera que esta medida “llega excesivamente tarde” tras años de denuncias por supuestos incumplimientos del pliego de condiciones.

Según el sindicato, su sección en la empresa viene trasladando estas irregularidades tanto a la opinión pública como a la propia Área de Medio Ambiente del Consistorio desde el inicio del contrato. CSIF asegura haber aportado documentación y datos en varias reuniones con el concejal delegado del área, en las que se alertaba del incumplimiento no solo del pliego, sino también del convenio colectivo.

Además de la sanción en curso, el sindicato recuerda que sigue pendiente un pronunciamiento oficial del equipo de Gobierno sobre las denuncias publicadas en prensa acerca de supuestos trabajos realizados por Valoriza en otras localidades, en los que, presuntamente, se habrían utilizado medios materiales y humanos asignados al servicio en Cádiz.

CSIF solicita conocer la valoración oficial de estos hechos por parte de la Mesa de Contratación y del Gobierno local, y advierte de que la acumulación de dos faltas graves en menos de un año podría ser causa suficiente para la rescisión del contrato.

Por último, el sindicato reclama garantías para que la sanción económica no recaiga sobre la plantilla, alertando de que, en anteriores ocasiones, los trabajadores habrían sido objeto de sanciones internas por parte de la empresa en estos contextos. También recuerda que la anterior unión temporal de empresas —de la que formaba parte la actual concesionaria— finalizó su contrato envuelta en una investigación por presunta falsedad documental y fraude a la Seguridad Social, sin que se haya hecho público el resultado.

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