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La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha reclamado a las administraciones públicas que retomen con urgencia las políticas dirigidas a erradicar la infravivienda en Cádiz, tras los recientes casos de derrumbes en fincas habitadas y las denuncias por el estado ruinoso de otros inmuebles ocupados, como el localizado en la calle Javier de Burgos 19.
La entidad considera "urgente" actualizar el mapa de infravivienda elaborado por la empresa municipal Procasa en 2016, que contabilizaba 50 infraviviendas habitadas, 146 edificios deshabitados en estado ruinoso y 25 solares sin uso, todos ellos ubicados en el casco histórico. La APDHA plantea conocer cuántas de esas fincas han sido rehabilitadas o demolidas, cuántas se mantienen igual y cuántas más se han sumado a esta situación desde entonces. “Solo así podremos saber cuántas familias siguen viviendo en condiciones de infravivienda”, señala el colectivo.
La asociación denuncia además que la infravivienda ha desaparecido de los planes estatales y autonómicos de vivienda. Recuerda que la última convocatoria autonómica para rehabilitación residencial en la ciudad se remonta a 2020 y estuvo restringida a la barriada de La Paz. Tampoco se ha llegado a aplicar la ordenanza municipal de 2007 que contemplaba ayudas para la rehabilitación de inmuebles.
En cuanto a los deberes de conservación, la APDHA critica la inacción municipal, pues aseguran que el Ayuntamiento rara vez impone sanciones o declara el incumplimiento, y apenas actúa como ejecutor subsidiario de las obras. A esto se suma la ausencia de partidas específicas en los presupuestos municipales para afrontar estas intervenciones, así como la falta de alternativas habitacionales para el realojo de los inquilinos.
Entre sus propuestas, la entidad plantea que se aprovechen solares públicos y edificios abandonados para construir vivienda digna, y que se actúe con firmeza frente a empresas y particulares, como la Sareb, que incumplen sus obligaciones legales. No descartan incluso que se recurra a la expropiación en los casos más graves.
La APDHA concluye su comunicado haciendo un llamamiento a las administraciones para que aborden de manera estructural un problema que, a su juicio, sigue afectando a numerosas familias gaditanas “en condiciones de inseguridad e insalubridad”.