La querella presentada esta semana en un Juzgado de Instrucción de Jerez por el sindicato Manos Limpias por la gestión del Circuito de Jerez ha servido, de momento, para redimensionar la denuncia ya presentada el pasado mes de diciembre por el Moto Club Jerez Capital Mundial del Motociclismo ante Fiscalía Anticorrupción, y para enrarecer aún más toda la actualidad que viene girando en torno a Cirjesa en el transcurso de las últimas dos semanas, y precipitada por la dimisión de su ya exgerente, Juan Baquero.
De momento, el Ayuntamiento, aparte de estudiar posibles acciones legales contra Manos Limpias por haber solicitado la imputación del primer teniente de alcaldesa, Santiago Galván, ha anunciado que “vamos a poner a disposición de la Fiscalía toda la información que nos solicite con respecto a Cirjesa”, como anunció este viernes la alcaldesa.
En este sentido, Mamen Sánchez ha reiterado la necesidad de proseguir “con paso firme y con prudencia”, al tiempo que ha recordado que “este ayuntamiento tomó posesión de los cargos en Cirjesa en noviembre de 2015, creo que todavía no estamos ni reconocidos en el Registro Mercantil, y todo lo que se denuncia es de una fecha anterior”, desvinculando cualquier responsabilidad de su gestión con respecto a los hechos que se han pedido investigar.
“Somos los primeros en querer saber qué es lo que ha pasado. No es rebuscar ni plasmar odio, sólo abrir una etapa nueva y hacer las cosas con transparencia”, insiste Sánchez, a quien la denuncia parece justificar toda la cautela con la que están procediendo en el caso de la sociedad municipal que gestiona el Circuito de Jerez: “Nos hicieron críticas por no aprobar las cuentas de 2014, y menos mal”, ha expresado, al tiempo que ha recordado que esta semana próxima se llevará al consejo de administración la propuesta para auditar la gestión llevada a cabo en Cirjesa en el periodo comprendido entre 2012 y 2015, una vez que se recuperó la gestión pública del complejo deportivo.
No obstante, lo que más ha molestado en el seno del Gobierno local es que en la denuncia se haya solicitado la imputación de Santiago Galván, al que no se le atribuye presunto delito alguno, todo lo contrario a lo ocurrido con las otras personas que aparecen citadas en el documento, entre los que se encuentran quien hasta hace apenas unos días ejerció como director gerente de Cirjesa, Juan Baquero; el consejero delegado de Dorna, Carmelo Ezpeleta; y varios técnicos de la sociedad pública.
La alcaldesa insiste: “No tenemos nada que ver y no entendemos que se cite a este gobierno. Será un error”. No obstante, el nombre de Galván sí aparece en el transcurso de la narración de los hechos, aunque también conduce a la sorpresa, ya que se solicita su comparecencia, como “cooperador necesario”, porque debía “haber estado vigilante” ante los presuntos hechos delictivos, sin que hasta la fecha haya tomado “medida alguna”, mientras que “se ha posicionado claramente a favor del Sr. Baquero”. En este sentido, llama la atención asimismo que se haga alusión al nuevo vicepresidente de Cirjesa, y no a su predecesor en el cargo, Antonio Saldaña.
Por lo que respecta al contenido de la querella, se fundamenta en testimonios recogidos por la propia organización y pone en cuestión desde la venta de entradas de los grandes premios celebrados estos últimos años hasta supuestas contrataciones irregulares tanto de empresas como de trabajadores para la prestación de distintos servicios. Manos Limpias considera que en estos últimos años se habrían podido cometer presuntos delitos contra la Hacienda Pública, de estafa, delito societario, de falsedad documental, de prevaricación, de tráfico de influencias y de malversación de caudales públicos. Habrá que ver ahora si el juzgado admite a trámite la denuncia de Manos Limpias y en qué términos.
La investigación de 2014 fue archivada
Manos Limpias cree que el rescate de la concesión del circuito no evitó que se mantuvieran irregularidades del periodo de gestión privada en lo que respecta, sin ir más lejos, al control sobre la venta de entradas. La investigación abierta en 2014 por la Fiscalía, la Policía y la Agencia Tributaria a raíz de la denuncia de un trabajador sobre un posible delito fiscal cometido por los anteriores gestores privados del circuito, que supuestamente habrían llevado una doble contabilidad de los ingresos de entradas fue archivada en el ámbito penal porque no quedó acreditado el delito fiscal que se investigaba, desconociéndose si se mantiene en otro ámbito.
