La Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC, informa que esta semana "hemos tenido conocimiento de un nuevo logro judicial por parte de los servicios jurídicos de la delegación de AUGC en Cádiz, así como de la Abogacía del Estado". Y es que, "en este caso, se ha conseguido la condena a un narcotraficante por un delito contra la salud pública de tres años y dos meses, así como otra de seis meses por un delito contra la seguridad vial, por unos hechos ocurridos el 19 de febrero de 2015, en el que resultaron heridos varios agentes de la Guardia Civil del acuartelamiento de San Roque durante la intervención, ya que el condenado condujo durante varios kilómetros en sentido contrario por la A-7 a la altura del cruce del higuerón, ocasionando diferentes daños a vehículos tanto oficiales como de otros usuarios que transitaban por la vía".
Lo novedoso de esta condena, insisten en su comunicado de prensa, es que "gracias a los servicios del letrado de AUGC, Pablo Martin- Bejarano, es que es el Consorcio de Compensación de Seguros se hace cargo como responsable civil directo de las indemnizaciones de las que son acreedores los guardias civiles lesionados por el vehículo empleado por el narcotraficante, al circular el condenado con un vehículo de matrícula extranjera del que no constaba su aseguramiento, cuestión esta, que en numerosas ocasiones, había dejado sin la correspondiente indemnización a los agentes que habían resultado lesionados en intervenciones de característica similares ante la insolvencia del condenado responsable civil principal y no establecerse la responsabilidad civil directa del Consorcio de Compensación de Seguros".
Por todo ello, desde AUGC, "nos felicitamos, porque se ha conseguido un reconocimiento más para con los guardias civiles que diariamente están arriesgando sus vidas combatiendo al narcotráfico asentado en la comarca".
Con más de 30.000 afiliados, y 1.200 en la provincia de Cádiz, AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización y la desmilitarización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).
