La situación e incertidumbre parece que pudiera desencadenar en una determinación para que los centros hospitalarios que gestiona José Manuel Pascual S.A. tengan visos de solución. Tres años de conflicto con la sanidad de por medio debieran poner el punto y final a un convenio que no consigue poner de acuerdo ni al ente andaluz ni a la empresa.
Posturas encontradas que no han hecho sino dilatar un acuerdo que se ha llevado sin remisión por delante a trabajadores y con recortes, ante un servicio que empieza desde hace tiempo a sufrir los ciudadanos y a pagar las diferencias de unos y otros.
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No hemos puesto un tope, pero estamos llegando al final porque no podemos alargar esta situación de forma indefinida”, apuntaba esta semana el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil. El final parece estar mucho más cerca de encontrar una vía de solución. Al menos de manera unilateral.
“Fin al chantaje”
La Junta de Andalucía sopesa que prolongar el desasosiego y el colapso que vienen padeciendo el servicio sanitario desde hace ya bastante tiempo, debe acabarse y poner punto y final a unas negociaciones que no conducen a ninguna resolución favorable, viendo el escaso entendimiento alcanzado en las mil y una reuniones y encuentros mantenidos.
Presión de ida y vuelta
Si de algo se ha caracterizado a lo largo de estos últimos años ha sido, sin duda alguna, el tensar y tensar la cuerda en la intención de encontrar un escenario más favorable y continuar con un concierto a la medida de conseguir unas condiciones, casi siempre económicas, más que favorables. El golpe de efecto que se sopesa desde la propia Junta de Andalucía pretende poner fin al caos y la intranquilidad generalizada entre los ciudadanos, que ven y padecen como el mercadeo sanitario ha entrado en una cuestión puramente económica con unos acuerdos concertados que hay que renovarse anualmente y siempre supeditados y en un ambiente de continua presión.
En el caso de El Puerto con el cierre de Santa María del Puerto dejaría sin hospital a una población que por su posición estratégica alcanza no solo a los 90.000 habitantes de la ciudad, sino también a los de otras localidades gaditanas que se benefician de él. Lo cierto es que no existe otro operador (empresa) que pueda a día de hoy hacerse con el concierto, por lo que el propio Servicio Andaluz de Salud (SAS) sería el encargado de retomar la situación de desposeer el servicio que en la actualidad posee Pascual.
En esa misma línea, el consejero andaluz Luciano Alonso reconocía que “nosotros esperamos llegar a un acuerdo (con Pascual) pero de no hacerlo tenemos que garantizar la asistencia sanitaria con todos los medios de los que dispone la administración y así lo haremos”.
La pugna que mantienen tanto la Junta de Andalucía como Pascual ha encontrado ya un dignificado, al estimar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) obligando al Gobierno de Susana Día a pagar 15 millones de euros tras la resolución por el impago de las facturas de los centros hospitalarios que éste gestiona.
Ocho millones de los cuales ya fueron depositados por la administración andaluza hace unos días en cuenta judicial y que ni eso ha imposibilitado que los trabajadores hayan asegurado en tiempo cobrar las nóminas. El SAS, por su parte, presentó un recurso ante esto al entender que “no puede seguir fijando precios arbitrarios sin el consentimiento de la administración sanitaria”.
Ahora le toca mover ficha a la Junta de Andalucía ante una huelga indefinida a partir del lunes 19. Hoy a las 11 de la mañana habrá una concentración en las puertas del hospital Santa María del Puerto.
