De confirmarse la noticia que hoy avanzamos de que la Junta de Andalucía pudiera retirar el servicio sanitario a los hospitales concertados que hasta la fecha gestiona y controla Pascual S.A., estaríamos hablando de un gesto cuanto menos elocuente ante el giro de una situación que se ha ido enquistando con el paso de los años.
Asegurar el servicio sanitario y apostar por una prestación pública no asegura que éste sea completo y excelente, pero al menos se refuerza que el negocio ante un tema tan importante y serio como es la sanidad, no esté en manos especulativas.
Con tan solo visitar los hospitales podemos hacernos una idea de lo que supondría, por ejemplo para El Puerto, el cierre de algunos de estos. Santa María del Puerto es y debe ser el centro hospitalario de la ciudad, no caben otras alternativas ni otras consideraciones posibles que hagan que perdamos más infraestructuras, en una población que debe reforzar sus servicios.
La medida, de llegarse a ejecutar, reforzaría una cuestión que atañe a todos los estamentos para que la sanidad no siga siendo moneda de cambio ni chantaje posible.
Los ciudadanos no lo merecen, por lo que la Junta de Andalucía, cómo máximo órgano, debiera hacer cumplir y garantizar que los intereses económicos queden al margen y no se merme la prestación sanitaria. La sanidad no puede quedar en manos no adecuadas y debe quedar patente. ¡Frontela no se cierra!
