El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Ignacio Romaní, ha lamentado “la cacicada del alcalde que –usando artimañas supuestamente de procedimiento- ha impedido que los gaditanos se enteren de sus mentiras sobre la municipalización”.

El edil ha explicado que “no permitir al consejo de una empresa pública debatir y votar un punto de un orden del día que ha sido convocado a petición de un tercio de los consejeros es una aberración. Es hurtar a esos consejeros, que lo son en calidad de concejales electos, un derecho fundamental ¿para qué ofrece la ley la posibilidad a un tercio de los consejeros de convocar un consejo con una serie de puntos si el presidente tuviera la potestad de retirarlos? Es un sinsentido y –como poco- una irregularidad”.

“La gravedad de lo ocurrido hoy –explicó Romaní-  es que según el alcalde él tiene la potestad de eliminar del pleno cualquier moción de la oposición y para ello solo necesita que se lo pida un concejal, aunque no sea del grupo proponente. Según esa teoría, en el próximo pleno cualquier concejal del Equipo de Gobierno le puede pedir que deje sobre la mesa una moción del PP o del PSOE y el alcalde así decidirlo. Es una burrada y –en el caso de hoy- una muestra de la cobardía del alcalde”.

Medidas legales

Los populares han informado que solicitarán de la Secretaría General un informe explícito sobre lo ocurrido. En este sentido ese informe planteará que si lo que hoy se ha aplicado es el Reglamento Orgánico Municipal cómo es posible se interprete que éste da potestad al alcalde para dejar sobre la mesa o retirar una propuesta de acuerdo de cualquier grupo cuando un concejal lo pida, sea del grupo que sea. Según el GMPP esto es “simplemente, una vulneración flagrante de los derechos fundamentales, y eso es algo muy grave que no vamos a permitir. Vamos a tomar medidas legales y llegaremos adonde haga falta. No vamos a permitir un atropello de este calibre”.

El portavoz popular ha indicado que “la artimaña del alcalde buscaba que los trabajadores presentes no supieran que la municipalización que están llevando a cabo va en su contra. Ya quedó patente en los primeros puntos que nadie les asegura la continuidad en sus puestos de trabajo, que están condenados a no tener mejoras salariales y que nadie ha previsto de dónde va a sacar el dinero el Ayuntamiento para asumir este desastre”.

Los miembros del GMPP han solicitado hoy de nuevo a la Secretaría General que “a la vista de la imposibilidad de someter a debate y aprobación los dos puntos que en hoy 23 de octubre ha dejado el presidente de la misma sobre la mesa” (…) “se tenga por solicitada CON CARÁCTER DE URGENCIA la convocatoria del Pleno de la Corporación en su condición de Junta General de Accionistas de la Sociedad Municipal de Fomento Cádiz 2000 SA”. 

Encubriendo a De la Fuente

La solicitud incluye, como es preceptivo, los dos puntos a abordar, que serían en esencia la paralización de las actuaciones realizadas a partir del 28 de agosto por el presidente de la sociedad sin el mandato expreso de la Junta General ni el Consejo de Administración, y el inicio de acciones judiciales de reclamación patrimonial de la Sociedad Municipal de Fomento Económico Cádiz 2000 (acción social de responsabilidad) al presidente de la misma por haber adoptado acuerdos con terceros de contratación en nombre de la entidad sin contar con acuerdo del Consejo ni de la Junta de Accionistas.

Romaní explicó, finalmente, que, precisamente el temor del alcalde a que se debatieran estos puntos era que la Junta General iba a acordar el inicio de acciones judiciales contra el presidente de la Sociedad Municipal, por lo que es “una más que clara irresponsabilidad con el patrimonio municipal. Eso es lo que el alcalde temía. Lo único que ha hecho hoy es encubrir a De la Fuente, que sabe perfectamente que se ha metido en un gran lío”.