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El Gobierno sostiene que el centro del motor estaba todavía en plazo

Sánchez y Galván sitúan en el 31 de diciembre de 2023 la fecha límite de ejecución y Mestre dice que la Junta admitió en julio que no podría asumir el proyecto

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La alcaldesa, Mamen Sánchez, y el teniente de alcaldesa de Economía, Hacienda y Planes Especiales, Santiago Galván, defendieron ayer en rueda de prensa que el desarrollo del Centro Tecnológico de Innovación del Motor (CTIM) tenía como fecha límite de ejecución el 31 de diciembre de 2023, por lo que atribuyeron a una decisión política la postura de la Junta de Andalucía de no seguir adelante con el proyecto.

Tanto Sánchez como Galván sustentaron esta aseveración en la normativa europea de los fondos europeos Feder y en conversaciones mantenidas con la Dirección General de Fondos Europeos del Gobierno de España. De hecho, la regidora instó a la Junta a mostrar algún documento que diga lo contrario.

Mamen Sánchez pidió a la Junta “los mismos plazos que ha dado a otros proyectos de la ITI, entre seis y siete meses”. Y puso como ejemplo el caso de la reordenación del eje del Arroyo y la plaza de la Asunción. “Hace unos días han salido las subvenciones para el proyecto Ciudad Amable, también de la ITI, que en Jerez es el del Arroyo. Nos dan un mes para presentar el proyecto básico, tras verlo la Junta, otros tres meses más para el proyecto definitivo, es decir siete meses. Por qué hay tiempo para el Arroyo y no para el CTIM, que enseñe la Junta un documento firmado en el que diga que el proyecto se tiene que terminar antes del 31 de diciembre de 2020”, subrayó.


Para el Gobierno local, el Ejecutivo andaluz “está en su derecho de poder cambiar los programas de la ITI que considere oportunos porque para eso gobierna y puede tener otras prioridades”. “Lo que no puede hacer es mentir, tergiversar y engañar intencionadamente y achacar a cosas que no son ciertas ni verdad”, apostilló Mamen Sánchez.

Además, la primera autoridad municipal advirtió de que “con su decisión” la Junta está “faltando al respeto” a la comisión provincial de la ITI, donde están representados agentes sociales, empresarios, sindicatos, UCA o centros de formación “que aprobaron este proyecto”.

Santiago Galván insistió por su parte en la idea de que el Ayuntamiento “va a seguir adelante con este proyecto con o sin la Junta porque es generador de empleo y riqueza” y porque tiene además un “amplio apoyo por parte de los talleres de reparación, de concesionarios de automóviles, del Consejo Local del Motor, de los empresarios o de la UCA”.

No en vano, está previsto que la próxima semana se pongan en marcha “las primeras reuniones” con las entidades que están “interesadas” en este proyecto “para conocer sus necesidades urbanísticas y comenzar a redactar las instalaciones de pistas y las naves”. 

Lo “descartó” el PSOE

Mientras tanto, la delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, aseguró que el anterior Gobierno socialista “fue el que descartó la propuesta del centro del motor”, lamentando que  “ahora desde el Ayuntamiento se quiera tapar la mala gestión que se ha llevado a cabo con este proyecto en los últimos años”.

Según Ana Mestre, “el 12 de julio de 2018, el director general de la Agencia IDEA comunicó al Secretario General de Innovación, Industria y Energía la imposibilidad de realizar este proyecto tras analizarlo los técnicos, junto a los responsables de Cirjesa, y poniendo de manifiesto las dificultades de su implementación como actuación propia de IDEA, dadas las serias limitaciones por la titularidad de los suelos en los que se desarrollaría el proyecto y las especificidades del papel de gestión del propio centro en caso de construirse”.

Con ello, continúa la delegada, “desde IDEA se trasladó a la Secretaría General de Innovación, Industria y Energía que dadas las limitaciones identificadas en dicho estudio y sin tener medios para llevarlo a cabo, fuera desde esa consejería desde donde se diera viabilidad al proyecto, algo que no ocurrió durante los meses sucesivos”. 

“Esta es la realidad ante un proyecto que tenía unas limitaciones que no se comunicaron públicamente y que ya se conocen, reiterándose, a día de hoy, por los propios técnicos lo mismo que ya sabía el anterior Gobierno desde el 12 de julio de 2018”, concluyó.

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