Entre que R. solicitó la reducción de jornada laboral para cuidar a su hijo en 2011 y el aborto que sufrió de forma espontánea en 2016, soportó “pisotones, codazos e increpaciones” por parte del hermano del titular de la farmacia en la que trabajaba. “Lo que te ampara es la barriga que tienes”, llegó a espetarle en una ocasión, según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la que da por probado el comportamiento empresarial malintencionado que lesionó la integridad moral y la dignidad de la trabajadora. R, que padeció procesos de incapacidad temporal por ansiedad, durante los que necesitó tratamiento a base de antidepresivos y ansiolíticos, resultó finalmente indemnizada. Pero no es habitual que la víctima se vea resarcida porque, pese a la habitualidad del acoso laboral por razón de sexo, no llega a dar el primer paso: existe una “terrible ausencia de denuncias”, según concluye UGT en un informe al respecto que subtitula La realidad invisible.
Cristina García, secretaria de Igualdad y Juventud del sindicato, asegura que, de acuerdo a la encuesta llevada a cabo por la organización, solo se da la voz de alarma en un 18% en los casos de acoso por consecuencias negativas derivadas del cuidado de una persona mayor o dependiente y en un 14% por maternidad. UGT estima, por otro lado, que casi 88.000 mujeres podrían haber sufrido discriminación en Andalucía a la hora de promocionar por su condición sexual, sin embargo, solo se denuncian un 26% de este tipo de episodios.
Con todo, García subraya que lo más frecuente son las bromas y los chistes sexistas en los centros de trabajo. El estudio de UGT sostiene que hasta medo millón de mujeres tienen que aguantar este tipo de conductas inapropiadas, que “podrían ser la punta del iceberg de la normalización de conductas peores”. “Más de 182.000 trabajadoras han podido recibir insultos machistas mientras desarrollan sus empleos y también podríamos hablar que más de 113.000 mujeres podrían estar sufriendo acoso sexual”, afirma el sindicato en el documento.
La portavoz de la entidad agrega que la encuesta advierte de que las empresas solo son capaces de corregir la situación en el 13,5% de los casos; en la mitad, la actuación ha sido negativa por amenazas a quien denuncia y a los testigos, desalentar a la víctima o despedirla, restar importancia a los hechos o archivar los expedientes, e incluso aislar o cambiar de puesto a la denunciante.
Para afrontar el problema, UGT plantea la necesidad de que las administraciones públicas lleven a cabo un diagnóstico serio, mejoren la regulación contra todas las formas de violencia hacia la mujer y destinen recursos para programas y acciones de lucha contra el acoso sexual y sexista.
En el ámbito estrictamente empresarial, proponen definir las conductas y proteger a la víctima en el marco de la negociación colectiva, establecer un régimen disciplinario y calificarlo como falta grave o muy grave, contar con un mediador y regular el procedimiento especial de apertura de expediente de investigación, que debe ser lo más eficaz y rápido posible.
Finalmente, para su inclusión en los planes de igualdad, obligatorios para las empresas desde el año 2007, recomiendan, entre otras cosas, negociar un protocolo de actuación para prevenir y eliminar posibles casos, crear una comisión para asesoramiento y realizar acciones formativas y de sensibilización.
