La edil de IP Silvia Gómez, confirmó que la edil popular había incluido el procedimiento, que finalmente se aprobó por unanimidad, debido a la presión ejercida por la plataforma de la Zona Norte, cuyo portavoz, Enrique Valle, confirmó que si no se hacía la cesión formal, el equipo de Gobierno no podría contar con ellos.
Benavente asegura que confía en el buen hacer de la Junta, e indica que por ley dicho equipamiento tiene que ser centro de salud por 30 años y en caso de que se cambiara su uso, por los 99 años siguientes tendría que tener un uso público.
La oposición al completo estuvo de acuerdo en dicha cuestión, a pesar de que el PSOE apunta que la celeridad por parte de las dos administraciones implicadas debería haber sido mayor, ya que la inversión realizada por la Junta de Andalucía en los presupuestos de 2010 se puede “salvar por los pelos”. Por otro lado, el Ayuntamiento da un ultimátum a la Junta para que tenga finalizada dicha infraestructura en dos años y no en cinco como se marcaba en un principio.
Otro tema de carácter sanitario en el que equipo de Gobierno y oposición estuvieron de acuerdo fue en trasladar a la Junta la necesidad de que El Puerto vuelva a contar con los dos puntos de urgencias en centros públicos, ya que actualmente existen el de Pinillo Chico y del hospital Santa María del Puerto, donde no se puede recetar, por lo que finalmente los pacientes tienen que acabar acudiendo al primer ambulatorio citado, con lo que la masificación sigue aumentando. El alcalde, Enrique Moresco, manifestó su displicencia para que dicho tema vuelva al Pleno las veces que haga falta hasta que se obtenga una respuesta positiva por parte de la Junta. El partido proponente, IU, asegura que el hecho de no devolver las urgencias a El Carmen, en la Zona Sur, era ya una decisión muy consensuada, pero confían en poder cambiarla.
La pretendida o no subida de la tasa del agua por parte del equipo de Gobierno fue un punto polémico que dividió al salón de plenos. Aunque Benavente y el alcalde aseguraran que, tras ver los datos aportados por el interventor fue cuando se decidió que la tarifación por tramos no era lógica puesto que se incurría en una subida que los portuenses no deben asumir dada la crisis actual, la oposición intentó hacer prevaler que fue el PSOE el que puso los datos escandalosos encima de la mesa momentos antes de que la propuesta intentara elevarse al Pleno anterior, por ello que el equipo de Gobierno tratara de congelarla, como finalmente se ha hecho. La oposición fue incisiva en este tema, puesto que consideran importante que los portuenses no soporten subidas que no pueden asumir, por lo que IU y PSOE pusieron el acento en la subida que supondrá la tasa del agua para los centros y organismos oficiales, ya que la cuota de consumo aumenta un 20,3% y la cuota de contratación un 12%. A ello la oposición sumó que el Gobierno pretendía esta vez una subida encubierta como cuando se intentó la venta encubierta de Apemsa.
