Tres servicios públicos de La Línea fueron objeto de debate en diferentes propuestas: el hospital, el conservatorio Muñoz Molleda y la residencia de ancianos que gestiona Diputación. Las reclamaciones cursadas sobre el nuevo hospital –cuyas obras están paralizadas desde hace un año-, así como la demanda de un equilibrio entre plazas del conservatorio y demanda real, prosperaron por unanimidad.
Estas dos propuestas planteadas por el grupo Popular fueron defendidas por la diputada provincial, Inmaculada Olivero. En relación al nuevo hospital se insta a la Junta de Andalucía a la finalización de las obras, tal como fueron reivindicadas ampliamente durante la manifestación convocada por la plataforma en defensa del nuevo centro. Olivero explicó la necesidad de mantener las expectativas iniciales: un hospital capaz de atender a los más de 100.000 vecinos de La Línea, Jimena, Castellar y San Roque, sin posibilidad de mermar las prestaciones proyectadas. En este sentido se reclama a la Junta la inclusión de partidas económicas suficientes en sus presupuestos.
En relación al conservatorio Inmaculada Olivero aludió a los problemas que pueden sufrir 13 alumnos por las limitaciones de plazas en el grado profesional. La iniciativa aprobada reclama a la delegación de Educación de la Junta de Andalucía que “reconduzca esta situación, replantee el problema, estudie la viabilidad de soluciones y rectifique la decisión publicada”.
En la sesión plenaria –y con ocasión de una propuesta promovida por el grupo Socialista- el diputado de Bienestar Social, Antonio García, aclaró determinados aspectos sobre la Residencia de Ancianos de La Línea dependiente de Diputación. “Les garantizamos a todos los empleados su puesto de trabajo”, confirmó Antonio García quien además adelantó que el próximo mes se constituirán siete nuevas contrataciones. En relación a las obras de la nueva residencia –que iba a sustituir a la actualmente en servicio- el diputado de Bienestar Social explicó que para dicho centro se reservó un presupuesto insuficiente; además, los trabajos tuvieron que paralizarse porque el proyecto adjudicado “incumplía la normativa contra-incendios”. La iniciativa socialista fue rechazada al contener datos erróneos: atribuía 34 plazas concertadas “cuando carecemos de plazas concertadas”, y fijaba una capacidad de 50 plazas “y no las 34 máximas que tenemos autorizadas”. La negativa del grupo proponente a enmendar la propuesta motivó el voto en contra del PP.
