El delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, ha firmado este miércoles en Algeciras convenios con los ayuntamientos de esa localidad, de La Línea de la Concepción y San Roque para facilitar el cumplimiento por parte de menores infractores de medidas judiciales en abierto.

En una nota, la Junta detalla que el acuerdo lo han rubricado la alcaldesa de La Línea, Gemma Araujo (PSOE), el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), y la delegada de Bienestar Social de Algeciras, Paula Conesa (PP).

Estos convenios tendrán una vigencia de dos años y renuevan la colaboración que ya existe desde hace años entre la Junta de Andalucía y estos consistorios para que los jóvenes que cumplan las medidas judiciales que les imponen los jueces de menores puedan hacerlo en actividades propias del ayuntamiento (deportes, bibliotecas, medio ambiente, servicios sociales, Policía Local, etcétera.).

En concreto, estas medidas judiciales, en cuya ejecución colaborarán los ayuntamientos y que tienen como principal objetivo resocializar a estos jóvenes que habían cometido algún delito o falta, son las Prestaciones en Beneficio de la Comunidad (PBC), las Tareas Socioeducativas (TSE) y las Actividades Reparadoras en favor de la sociedad (RS) derivadas de un proceso de conciliación y mediación.

También están las medidas de seguimiento, por parte de los agentes de la Policía Local u otro personal funcionario que desempeñe estas funciones de la Permanencia de Fin de Semana (PFS) en el domicilio familiar y, asimismo, la cooperación para actuar en el entorno familiar de aquellos menores en situación de conflicto con la sociedad que hayan de cumplir las referidas medidas.

   López Gil ha destacado que "con estos acuerdos se contribuye a la labor educativa del joven en su mismo entorno", y ha añadido que este conjunto de medidas de carácter socioeducativo contempladas en la Ley "tienen por finalidad que el menor comprenda que la comunidad o determinadas personas han sufrido de forma injustificada unas consecuencias negativas derivadas de su conducta".

"Se trata de que el joven asuma que actuó de modo incorrecto, que merece el reproche formal de la sociedad y que las medidas judiciales que se le exigen constituyen un acto de reparación justo", ha afirmado.

El delegado también ha destacado la colaboración de los agentes de la Policía Local de estas localidades al facilitar y garantizar el cumplimiento de estos convenios. Durante los meses transcurridos de 2014, en estas tres localidades se han aplicado un total de 123 de estas medidas, con gran predominio de las de libertades vigiladas y de fines de semana de permanencia en domicilio.

Tras la firma del convenio, López Gil ha expresado su satisfacción por "el trabajo que hace la Junta en materia de justicia juvenil, porque ha contribuido a que el nivel de reinserción de los menores infractores que finalizaron la ejecución de alguna medida se haya incrementado en los últimos años, con una tasa del 80 por ciento de jóvenes que no vuelve a reincidir".

MEDIACIÓN

Además de las medidas anteriormente enumeradas, la legislación penal de menores contempla la mediación para determinados casos en los que los jóvenes reconocen la infracción, piden perdón y reparan el daño. En este caso, la Junta de Andalucía ha promovido en la provincia de Cádiz en el primer semestre de 2014 un total de 142 mediaciones con menores infractores como mecanismo de resolución extrajudicial de conflictos y alternativa a los litigios.

Por su parte, los centros de internamiento han facilitado durante el primer semestre de 2014 la atención a 168 menores en la provincia de Cádiz. Para la ejecución de este tipo de medidas no privativas de libertad, la Administración andaluza vela por el interés superior del menor, a quien se le ofrecen las herramientas y habilidades necesarias para superar las carencias educativas o afectivas.

Una vez que los jueces de menores imponen esta medida a un perfil de adolescentes carentes de los recursos personales y las habilidades necesarias para una adecuada convivencia familiar y social, la Junta es la encargada de ejecutar la resolución judicial en los distintos centros que tiene distribuidos por todas las provincias.

En cuanto a los tipos de delitos y faltas en medio abierto, señala la Junta que un 41 por ciento están relacionados con el patrimonio (robos, hurtos, daños, etcétera), seguidos por lesiones (15,97%), por malos tratos (15,24%) y por delitos contra la seguridad colectiva (9,18%).

A continuación se sitúan, en menor medida, delitos que no superan el cinco por ciento y que están relacionados con la libertad, el honor o falsedad, entre otros. Por su parte, los delitos más frecuentes de los internos son el robo con violencia (39%), el maltrato familiar (25%), el quebrantamiento de medida (18%) y lesiones (8%).