El juicio por prevaricación contra el el ex alcalde de Tarifa Juan Andrés Gil (PP) y el alcalde de la ELA de Facinas, Cristóbal Iglesias (PP), quedó visto para sentencia tras la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal número 2 de Algeciras, en la que declararon ambos, así como tres testigos.
La fiscalía solicita doce años de inhabilitación para Gil y diez para Iglesias, así como el pago de una multa diaria de diez euros durante ocho meses. El fiscal calificó de “arbitrario” y “vejatorio” el despido de M.Á.M., que había ganado una plaza de técnico de Turismo con un contrato de seis meses y fue despedido por Gil en su cuarto día de trabajo. Además, considera “ilegal” la posterior contratación de Iglesias como personal de Cultura para el mantenimiento del castillo de Guzmán El Bueno.
Según el fiscal, la explicación de Gil sobre el despido de M.Á.M. justificándolo como medida de ahorro del Ayuntamiento. Argumenta el fiscal que es cierto que el anterior alcalde (Miguel Manella) firmó su contratación en su último día como primer edil, pero se debe a que el proceso se demoró en exceso, ya que M.Á.M. había ganado el concurso convocado para esa plaza. El propio despedido explicó que trabajó aquel fin de semana porque “la hermana del ex alcalde quería acudir a su toma de posesión”.
La defensa alega que dicha plaza era “innecesaria”, ya que el castillo se encontraba cerrado en julio de 2011 y lo que necesitaban era un albañil para tareas de mantenimiento y poder reabrir el castillo cuanto antes. Por ello, contrató a Iglesias, que asegura que fue su mujer la que oyó que necesitaban un albañil, por lo que presentó su documentación y fue contratado sin mediar ningún proceso de selección.
El fiscal sostiene que esta contratación también es “ilegal”, puesto que se realizó mediante una providencia, “una comunicación interna que no equivale a un decreto”. Además, coincide con uno de los testigos, el actual concejal del PA Sebastián Galindo, entonces candidato del PSOE a las Alcaldía, en la sospecha de que la contratación obedece a un “favor”, ya que Iglesias pasó en aquellas fechas de ser secretario de organización del PSOE tarifeño a ser integrante del PP.
Galindo fue más allá y explicó que “habiendo sido elegido como candidato, Iglesias me sugirió que quería ir en el número dos o tres de la lista y me preguntó por los sueldos como futuros concejales”.
La defensa insistió en que en los días de prueba no es necesaria justificación alguna para un despido y que, pese a que el asesor jurídico del Ayuntamiento desaconsejó la contratación posterior, el alcalde tiene potestad para hacerlo.
