Los grupos de PP y CS en el Ayuntamiento de Córdoba han aprobado este jueves en el Pleno Ordinario, con la abstención del concejal no adscrito, David Dorado, el dictamen de la Comisión Permanente de Infraestructuras, Sostenibilidad y Medio Ambiente sobre la aprobación inicial del proyecto del Plan Municipal contra el Cambio Climático de Córdoba, que recoge medidas por más de 63 millones de euros para los próximos años.
Por otra parte, ha salido por unanimidad la aprobación inicial de una modificación de crédito del presupuesto del año 2023, prorrogado de 2022, mediante la concesión de crédito extraordinario, por importe de 30.000 euros, para financiar la tramitación y concesión de subvención a la Asociación Bomberos Unidos Sin Fronteras destinada al proyecto 'Emergencia y post-emergencia en Turquía y Siria'.
Asimismo, se ha tomado conocimiento de un escrito de agradecimiento suscrito por la familia de quien fuera insigne poeta de la ciudad Pablo García Baena por la nominación de la nueva Biblioteca Pública del Estado como 'Grupo Cántico'.
Se ha tomado conocimiento de la renuncia al cargo de concejal efectuada por la exprimera teniente de alcalde, Isabel Albás, quien fuera candidata de CS a la Alcaldía en 2019 y ahora de número siete en la lista del PP para las elecciones del 28 de mayo, así como la solicitud de la oportuna credencial a la Junta Electoral Central a favor de la persona que figura incluida por orden de lista en la candidatura de CS Córdoba, que corresponde a Antonio Barrionuevo.
Igualmente, PP y CS han respaldado, con la abstención de Dorado, una modificación de crédito del presupuesto prorrogado del año 2022, mediante la concesión de un suplemento de crédito por 14.000 euros para financiar la adquisición de vehículos destinados al servicio del zoológico. También, se ha acordado designar a nuevos miembros, titulares y suplentes, en el Consejo Municipal de Medio Ambiente en representación de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara.
Ambos grupos han apoyado, con el voto en contra de Dorado, una modificación de crédito del presupuesto de 2023, prorrogado de 2022, mediante la concesión de un suplemento de crédito por 4.792.786 euros y de un crédito extraordinario por 18.119 euros, con cargo al remanente general de Tesorería, con el fin de atender las necesidades ordinarias de los servicios y cumplir el período de pago a proveedores, legalmente establecido.
Además, se ha aprobado una modificación del presupuesto de 2023, mediante la concesión de un suplemento de crédito, por 19.051 euros, para financiar la adquisición de equipos para procesos de información, correspondiente al programa 'Smart City Córdoba' en el ámbito de los proyectos Edusi, con el voto a favor de PP y CS y en contra de Dorado.
PAGAR EL SUMINISTRO ELÉCTRICO
En otro de los puntos, PP y CS han dado el visto bueno a destinar más de 12,2 millones de euros para dotar del crédito necesario para atender las obligaciones correspondientes derivadas del suministro eléctrico de instalaciones del Ayuntamiento.
Al respecto, Dorado ha votado en contra y ha advertido de que en dicho expediente hay un informe técnico suscrito por el jefe de alumbrado público, precisando que "hay un acuerdo de la Junta de Gobierno Local de septiembre de 2022 de abrirle expediente disciplinario y apartarlo de sus funciones" al "estar investigado en una causa en el Juzgado de Instrucción número 2, que además ha estado investigado durante un año en la Fiscalía al ver indicios de delito", en el segundo caso de Infraestructuras que denunció Dorado.
Sin embargo, ha subrayado que "sigue firmando expedientes, no sólo este --otro de alumbrado de la calle Cruz Conde--, y no se corresponde con lo acordado en la Junta de Gobierno Local, ni lo que se había hablado por parte del alcalde en los medios de comunicación", de ahí que haya votado en contra y ha defendido que "este señor debería estar apartado de sus funciones hasta que se resolviera, aunque vaya por delante la presunción de inocencia".
Ante ello, el alcalde, José María Bellido (PP), ha confirmado dicho acuerdo de la Junta de Gobierno Local y que hay un expediente sancionador iniciado al referido funcionario, "que tiene presunción de inocencia", expresando que en este caso y en otro con funcionario investigado en el caso Infraestructuras "se ha actuado de la misma forma" y "el instructor no ha decidido tomar medidas cautelares, porque han quedado suspendidos al estar inmersos en la tramitación de un proceso penal".
Así, ha indicado que "estas personas siguen en el ejercicio de las funciones que tienen ganadas por su plaza como funcionarios, pero sí venció una comisión de servicio, que ya caducó y no se le renovó", si bien ha señalado que "no tienen medidas cautelares, ni en el procedimiento sancionador, ni en el penal", por lo que "no se les puede, ni debe apartar de sus funciones".
Entretanto, ha aclarado que el expediente es "para pagar facturas atrasadas" del suministro eléctrico, de forma que no tiene vinculación con "los contratos que están siendo investigados, que van por otros derroteros totalmente distintos de luminarias y cuadros de mando, algo de lo que aquí no hay nada". "No se aprecia ninguna irregularidad, ni siquiera formal, evidente o grosera que impida que se pueda tramitar", ha defendido Bellido.
Por su parte, el delegado de Hacienda, Salvador Fuentes (PP), ha enfatizado que "es necesario y urgente aprobar esto, porque si no, cortan la luz" en los edificios municipales.
JEFE DE ALUMBRADO
Precisamente, el edil David Dorado ha informado antes del Pleno de que ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital un contrato de marzo de este año con 1,3 millones de euros sobre alumbrado de la feria desde 2023 a 2027 y firmado por el citado jefe de alumbrado público, que se encuentra investigado en dicho juzgado por la segunda causa sobre el área de Infraestructuras, a la vez que se adjudica a una UTE que cuenta con una empresa también investigada en el caso, ha dicho.
De igual modo, ha mantenido respecto a esta causa y la petición de comparecencia del alcalde que no tiene "nada en contra de Bellido", a lo que ha agregado que "la iniciativa de investigar los contratos firmados por Bellido y Torrico en su época de concejales de Hacienda y Gestión en 2013 salió de la Fiscalía" y cree que "lo normal es que el juez llame y pregunte a las personas que firman el contrato", aunque ha justificado su solicitud de comparecencia "por colaborar con la justicia y esclarecer los hechos".
Mientras, el concejal ha pedido que se respete "la presunción de inocencia" con él y ha asegurado que lleva cuatro meses "esperando para testificar", algo que está "deseando", remarcando que es "inocente" de todo lo que se le acusa, que no tiene "nada que temer" y sí "la tranquilidad de que todo se va a aclarar y la verdad saldrá a la luz".
