La vicesecretaria de Políticas Sociales del PP de Córdoba, Rafaela Obrero, y la coordinadora de Servicios Sociales, Dolores Sánchez, han criticado este lunes que el nuevo Decreto de Inclusión Social que aprobó el Gobierno de la Junta la semana pasada es "una chapuza que solo busca manipular y engañar a los ciudadanos".

   Así lo han manifestado en una rueda de prensa, en la que han lamentado que "lejos de aprender de los errores del decreto puesto en marcha el año pasado, y lejos de corregirlos, ahora la Junta de PSOE e IU presenta un nuevo decreto que llega tarde, con un recorte de 12 millones de euros y sin previsión de refuerzo de personal en los servicios sociales para poner en marcha los distintos planes que en él se recogen".

   Para Obrero, "la crítica política no es al decreto en sí, el problema es que el gobierno bipartito no tiene capacidad para dar respuesta a los andaluces en situación de exclusión social, el problema es que la política social en Andalucía lleva herida de muerte varios años".

   A su juicio, "estos decretos son solo tiritas y parches para dar respuesta a más de un millón de personas en paro, a más de 72.000 niños con dificultades para una alimentación adecuada, a más de 25.000 mayores de 65 años que viven en el umbral de la pobreza, a los más de 53.981 personas dependientes con derecho a prestación que no la están recibiendo, o a los más de medio millón de hogares que no tiene recursos".

   En este sentido, asegura que "difícilmente este Gobierno bipartito va a poder atender la fuerte demanda del sistema de protección social con 64 millones de euros, cuando el año pasado, con mayor importe, fue totalmente insuficiente para cubrir las necesidades y llegar a todo aquel que pedía ayuda a la administración andaluza".

   De este modo, ve "lamentable" que la Junta de Andalucía, en los peores años de la crisis económica y social, "la única medida de carácter eminentemente social adoptada hayan sido dos decretos que han venido tarde, con poca financiación y con una planificación muy apretada para su ejecución", afirma la parlamentaria andaluza.

   Además, Rafaela Obrero ha criticado que "el gobierno de la Junta haya recortado en los presupuestos de las políticas sociales más de 750 millones de euros entre 2010 y 2014, afectando gravemente a los programas y ayudas que se venían prestando por los Servicios Sociales".

   Esto demuestra, en su opinión, que "el gobierno bipartito no tiene política social, se mueven con la campaña y la publicidad permanentemente, vendiendo a los andaluces unos planes que nacen del recorte presupuestario, de la reducción progresiva y solapada de partidas presupuestarias que afectan a todo tipo de programas sociales, para ahora anunciarlos como planes estrella".

   En el caso del decreto de exclusión del año pasado, según añade, "la improvisación, la premura y las lagunas en su puesta en marcha protagonizaron verdaderos problemas denunciados por los ayuntamientos, diputaciones, por los propios trabajadores sociales y por los andaluces beneficiarios, ya que una pequeña ayuda de carácter extraordinario no ha servido para sacarlos de la situación de riesgo o exclusión social en la que se encuentran".

   Al respecto, recuerda que el Grupo PP-A en el Parlamento andaluz presentó una Proposición No de Ley (PNL) pidiendo mejoras en algunos aspectos del decreto del año pasado. "Propuestas que no fueron escuchadas, ni apoyadas por el gobierno bipartito, a pesar de que procedían de los profesionales que ejecutan estas políticas en los ayuntamientos, diputaciones, entidades, organizaciones, los propios trabajadores sociales", apunta Obrero.

   Así, indica que "haciendo una valoración por programas, el Programa de Contratación para Ayuntamientos solo conseguirá que las cifras de paro bajen durante tres meses, además de crear parados de primera y de segunda categoría, ya que van a coincidir trabajando en los ayuntamientos personas en riesgo de exclusión social que solo pueden cobrar 1.070 euros, y jóvenes del Plan Joven que cobrarán entre 1.200 y 1.700 euros".

   Además, subraya que el Programa de Inserción Sociolaboral, destinado a personas beneficiarias del Ingreso Mínimo de Solidaridad, es "una tomadura de pelo, ya que solo está previsto que acceden 800 andaluces cuando solo en la provincia de Córdoba hay 4.283 cordobeses beneficiarios de esta salario social, y en Andalucía 55.300". "Es decir, con este programa solo se podrá llegar al 1,44% de los andaluces que pueden optar a él", agrega.

   Del Programa de Garantía Alimentaria, el refuerzo infantil se impartirá en los comedores de centros educativos públicos, a pesar de que el 43% de los colegios públicos andaluces no tienen comedor, señala.

"SE COLAPSARÁN LOS SERVICIOS"

   Por su parte, Dolores Sánchez ha lamentado que la Junta de Andalucía haya hecho "oídos sordos" a las sugerencias de los ayuntamientos, diputaciones, entidades, organizaciones y trabajadores sociales, y que "incumpla su compromiso" de poner en marcha este nuevo decreto a primeros de años. "Una vez más, este decreto se publica en junio y se comenzará a poner en marcha en los meses de verano", dice.

   Las ayudas de este nuevo decreto van a ser gestionadas por los ayuntamientos "sin refuerzo de personal", con lo cual al igual que ocurrió el años pasado "se colapsarán los servicios sociales municipales sin que la Consejería haya hecho nada para corregirlo", al tiempo que ha recordado que "cada ayuntamiento tiene sus propios programas que desarrollar con el mismo personal".

   Además, todos los gastos de gestión y de materiales que necesite el ayuntamiento para poner todo en marcha correrán a cargo de las arcas municipales. "Esta es la política de la Junta, yo invito y tú pagas", dice Sánchez, quien ha aludido a la deuda que mantiene la Junta con los ayuntamientos y diputaciones a cuenta de los servicios sociales, la dependencia, la ayuda a domicilios.

   Del Programa de Garantía Alimentaria para mayores de 65 años, Sánchez ha lamentado que el decreto permita que solo podrán solicitarlo los Centros de Participación Activa de la Junta, en Córdoba hay 27, pero no los centros de mayores de los ayuntamientos. "¿Qué pasa con los mayores de los municipios donde no hay centros de la Junta, por qué se deja fuera a algunos mayores en función de donde viven, que pasa con los 75 municipios de la provincia?", se pregunta Dolores Sánchez.

   Asimismo, la coordinadora popular ha criticado que el Programa Extraordinarios de Suministros Vitales y prestaciones de urgencia social solo destine 6,5 millones de euros para toda Andalucía, cuando los programas de emergencia social de la Diputación de Córdoba y del Ayuntamiento de la capital, sin contar con los municipios de más de 20.000 habitantes, suman 6.042.000 euros.

   En opinión de Sánchez, "este programa es una miseria, un insulto a los andaluces y cordobeses que encima pretenden vender como el gran logro de este decreto, cuando cualquier ayuntamiento destina más a esto que el gobierno autonómico".

   En definitiva, censura que "una vez más la Junta de PSOE e IU utiliza a las personas en situación de mayor vulnerabilidad para hacer política de bombo y pandereta, utilizando a los ayuntamientos, diputaciones y entidades sociales para llevarlo a cabo sin ninguna contraprestación, y discriminando a los beneficiarios de este decreto con respecto a otros ciudadanos".