La Fiscalía de Córdoba señala en relación con los delitos contra la ordenación del territorio en la provincia que desde la entrada en vigor del decreto de la Junta de Andalucía sobre la regularización de edificaciones en suelo no urbanizable, en enero de 2012, "sigue generando dudas sobre el carácter de no autorizable de las edificaciones existentes en parcelaciones ilegales, lo que ha representado el incremento de sentencias absolutorias".
Así lo pone de manifiesto el Ministerio Público en la memoria anual del ejercicio 2013, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que además en este caso apunta que dicha situación ya se indicó desde la Fiscalía en la memoria referida al año 2012.
En concreto, en 2013 se abrieron un total de 13 diligencias para procedimientos judiciales por los delitos contra la ordenación del territorio, frente a las 24 de 2012, aunque se incoaron 157 procedimientos abreviados, al tiempo que se dictaron 28 sentencias.
En este sentido, explica que "siguen utilizándose como justificación para la no demolición en sentencias condenatorias argumentos reiterados sobre la no gravedad y trascendencia de las obras y por no afectar prácticamente al bien jurídico protegido".
Ante esta situación, precisa que se exige "un plus de prueba consistente en el carácter no autorizable de la obra", que ha de quedar "fehacientemente acreditado y la trascendencia y afectación en la ordenación del territorio". Para ello, la Fiscalía solicita con carácter previo a la acusación la acreditación de tales extremos.
No obstante, señala que se han dictado sentencias condenatorias con demolición que, "aunque no son numerosas, son extraordinariamente interesantes", porque esgrimen argumentos que se vienen utilizando por los fiscales especialistas "desde siempre" y han sido confirmadas por la Audiencia.
Al respecto, se recogen los argumentos de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) 592/12, que considera "la demolición inherente al delito y consecuencia lógica y normal del mismo, por cuanto la condena entraña que se ha conculcado la legalidad urbanística y es la manera de restauración de la legalidad, estimando excepcional la razón o razones para no acordarla o diferirla al orden administrativo".
LOS INTERESES EN INCENDIOS
En relación con los delitos por incendios forestales, con 80 diligencias previas incoadas en 2013 frente a las 54 de 2012 y con 26 sentencias el año pasado, se indica que "ha aumentado el número de origen imprudente". Respecto de los incendios intencionados, "el porcentaje es bastante superior al de campañas anteriores, siendo sus causas intereses cinegéticos, vandalismo o venganzas vecinales", y a tal efecto las sentencias dictadas cuando se ha podido identificar al autor de los hechos han sido en todo caso condenatorias.
Por otra parte, la incidencia en el ámbito de los delitos contra la flora y fauna, no ha sido relevante en el año 2013. Sin embargo, en relación con maltrato de animales domésticos, con once diligencias incoadas el pasado año, "ha aumentado su número y los pronunciamientos han sido normalmente condenatorios".
También resalta como asunto "relevante" el seguido en el Juzgado de Pozoblanco a instancias del Ministerio Público por la localización de un almacenamiento ilegal de material altamente contaminante con elevado riesgo de contaminación para arroyos y acuíferos.
