El grupo de diputados de IU llevarán al próximo Pleno una moción en la que piden al Gobierno provincial "que revise los convenios de cooperación en materia tributaria que tiene con los ayuntamientos de la provincia, para que el 50 por ciento de los ingresos que se recauden por el recargo de apremio o por la vía ejecutiva sea devuelto a cada uno de los ayuntamientos, y que éstos lo destinen a luchar y a prevenir la pobreza energética en nuestros municipios".
Según indica el portavoz provincial de IU, Francisco Martínez, en una nota de prensa, "ahora es el momento de demostrar que las administraciones públicas están para servir y para ayudar a las personas que peor lo están pasando, que en este caso son aquellas que están viéndose privadas de la garantía de tener en su vivienda el suministro de gas, agua y electricidad".
Explica que según la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) y la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), "entorno al 10 por ciento de la población española, unos cuatro millones de personas, la sufre". En el caso de Córdoba, atendiendo a ese 10 por ciento, el número de personas que estarían en una situación de pobreza energética ascendería a 80.000. Asimismo, se estima que "la pobreza energética puede ser responsable de más de 2.300 muertes prematuras anuales frente a las 1.128 provocadas por accidentes de tráfico en 2013".
"Las consecuencias de la pobreza energética son múltiples. Por ejemplo, la falta de calefacción afecta a la higiene, la salud produciendo afecciones respiratorias y, a menudo, genera mortalidad y sobreendeudamiento, así como aislamiento social y geográfico", señala.
La pobreza energética se podría definir, según Martínez, como "aquella situación que sufre un hogar incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda".
Por todo ello, desde IU también pide a la Diputación de Córdoba que inste al Gobierno de España a la aprobación de una ley de medidas para prevenir la pobreza energética, que regule el sistema de suministros básicos del hogar e incluya mecanismos que prime el ahorro y penalice el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos económicos.
