La Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía va a eliminar 220.280 expedientes judiciales antiguos en Córdoba, guardados en un total de 2.624 cajas, con el objetivo de liberar espacios de los archivos de los juzgados y tribunales cordobeses. Esta propuesta se ha trasladado a la Junta de Expurgo, de la que forman parte la Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), para la destrucción selectiva de la documentación carente de valor de los órganos judiciales de la comunidad.

   Según informa a Europa Press la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Isabel Ambrosio, los documentos que serán próximamente destruidos corresponden a juicios por faltas y diligencias previas, están fechados entre 1968 y 1997 y procedían de los juzgados de Instrucción del 1 al 7 de la capital cordobesa y del juzgado de Primera Instancia número 2 de Lucena.

   Este nuevo expurgo de documentos en la provincia se suma al realizado durante el pasado año con la eliminación de otros 84.794 expedientes judiciales antiguos de los juzgados de la capital guardados en más de 2.162 cajas. Los documentos que fueron destruidos correspondían a juicios por faltas y diligencias previas, estaban fechados entre 1968 y 1997, y procedían de los juzgados de Instrucción del 1 al 5 de la capital cordobesa y del juzgado de Primera Instancia número 2 de Lucena.

   Esta eliminación selectiva superará a nivel andaluz los tres millones de expedientes desalojados de los archivos judiciales andaluces en cerca de 60.000 cajas en lo que va de legislatura. En esta segunda fase de eliminación selectiva también se conservarán un total de 24.908 expedientes, distribuidos en 292 cajas, que serán trasladados al Archivo Histórico Provincial de Córdoba.

   Con esta nueva acción, la Junta avanza en el proyecto de eliminación de documentación judicial antigua y sin utilidad al suponer "una mejora importante de los espacios en los archivos judiciales andaluces". La primera destrucción masiva de esta documentación judicial sin valor, que corresponde a diligencias previas y juicios de faltas de las décadas de los años 70, 80 y 90, se inició en 2012 en seis provincias y posteriormente se ha extendido al resto de Andalucía.

   Al respecto, la delegada del Gobierno andaluz en la provincia ha afirmado que "este proyecto pretende dar respuesta a uno de los problemas más acuciantes de la Administración de Justicia como es la saturación de los archivos judiciales y la falta de espacio en sus instalaciones y que ofrecen una imagen desfasada y negativa de este servicio público".

   Ambrosio asegura que "no tiene ningún sentido conservar expedientes que no tienen nada de valor ni de interés y que están ocupando inútilmente un lugar en los archivos, un espacio que necesitamos liberar para acoger nuevos documentos o bien destinarlo a otros usos más perentorios".

MEJORAR ARCHIVOS Y MODERNIZAR GESTIÓN

   La delegada ha puesto de relieve el valor del trabajo que realiza la Junta de Expurgo, cuyos resultados han sido elogiados incluso por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Además, ha anunciado que su departamento va a avanzar en esta iniciativa con el objetivo de mejorar los archivos judiciales y modernizar su gestión.

   El objetivo fundamental de esta iniciativa es liberar espacio en los archivos y tribunales, así como profundizar en el proyecto de modernización que impulsa la Junta para "potenciar la progresiva eliminación de documentación que no tiene ningún valor y avanzar en el proceso de impulso de una Justicia digital y sin papeles". De esta forma, resalta que "se logra un ahorro de costes y de tiempo y se contribuye a la protección del medio ambiente".

   Según indica, el volumen de la documentación judicial en Andalucía carente de valor susceptible de ser destruida es de tal magnitud que alcanzaría una longitud que se aproximaría a los 400 kilómetros si se alinearan todas las cajas que contienen esos documentos.

   La Junta ha dado un plazo de dos meses a los interesados en las actuaciones judiciales para que pudiesen optar a recuperar, antes de su destrucción, aquellos documentos aportados en su día a los procesos y cuyas referencias se han publicado con anterioridad en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

CRITERIOS DE SELECCIÓN

   Esta eliminación de expedientes judiciales antiguos es acordada por la Junta de Expurgo, un órgano creado por el Gobierno andaluz y el TSJA para impulsar la gestión de este proyecto mediante el análisis y ordenación de toda la documentación susceptible de ser eliminada o conservada.

   Uno de los criterios principales en la selección de los documentos judiciales que se van a eliminar o archivar es su interés judicial e histórico, para lo que se cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que tiene un papel "relevante" en la aprobación de las correspondientes tablas de valoración. De este modo, se garantiza la conservación de la documentación con valores históricos o bien de aquélla que posea un relieve social, económico, político o cultural.

   Cabe destacar que la Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidida por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, la jefa de servicio de Archivos Judiciales de la Consejería de Justicia e Interior, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario. Este órgano determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la Administración competente en materia de patrimonio histórico.

   En este sentido, el TSJA ha valorado la destrucción de documentos judiciales y ha puesto de relieve la necesidad de seguir potenciando esta iniciativa del Gobierno andaluz. La Junta, por su parte, ha subrayado "la importante labor realizada por los secretarios judiciales y los funcionarios de auxilio judicial que colaboran de forma decidida" con los técnicos de archivo de la Consejería de Justicia e Interior.

NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN

   Este proyecto se incardina también en la definición de un modelo único de tratamiento y gestión documental, que haga posible el control y acceso a la documentación judicial desde su creación hasta su eliminación o conservación por interés judicial o histórico. En esta línea de trabajo se encuentra el proyecto 'JARA', implantado por la Junta en Sevilla, Málaga y Almería y que se extenderá próximamente a Córdoba para gestionar los archivos de documentación judicial.

   Al hilo de ello, la delegada ha elogiado este nuevo modelo de gestión documental que se impulsa "de forma pionera" en los juzgados de Andalucía y que se inserta en "la decidida apuesta" del Gobierno regional por la modernización de la Administración de Justicia y el desarrollo de las nuevas tecnologías con el objetivo de "avanzar hacia una progresiva eliminación del papel y hacia una Justicia digital, más ágil y eficiente".