El fiscal jefe de Córdoba, Juan Calvo-Rubio, apuesta por "reordenar y reorganizar los servicios" con el objetivo de "conseguir un mejor aprovechamiento" de la plantilla del Ministerio Público, que "no es muy amplia" y tiene que atender a once partidos judiciales en la provincia y todos los señalamientos penales, civiles, contenciosos y sociales. Una planteamiento que se analiza en el grupo de trabajo creado hace unas semanas y que posteriormente se abordará en la junta de fiscales en próximos meses.

   En una entrevista con Europa Press, el fiscal jefe ha informado de que en la plantilla "hay 33 fiscales y una treintena aproximadamente de funcionarios", y aunque subraya que "indudablemente hacen falta más fiscales", advierte de que "no parece lógico tener algo menos de un funcionario por cada fiscal", cuando "el papel de los funcionarios en la oficina es muy importante".

   Al respecto, señala que "se trata que el Ministerio Fiscal pueda dedicarse a su labor y dejar de lado tareas propias de oficina que pueden realizar los funcionarios", puesto que "el trabajo del fiscal es de dirección y técnico" y en ese sentido ve "lógico que haya más órganos de administración que técnicos", algo que en la Fiscalía de Córdoba "es al contrario y no parece que tenga mucho sentido", apostilla.

   De este modo, defiende que "lo más normal es que cada fiscal dispusiera de más órganos de administración y no de un solo funcionario". Como ejemplo alude a la Sección de Menores, "donde el fiscal lleva la instrucción y lógicamente tiene que haber más funcionarios que fiscales", pero "en la parte penal y civil no llega a un funcionario por fiscal", de manera que, a su juicio, "es un contrasentido".

   En concreto, explica que "los fallos que se perciben es que en ocasiones, teniendo en cuenta que los juzgados hacen su trabajo bien, hay que contar con una figura como la del fiscal, que tiene que acudir a la gran mayoría de los procedimientos y con unos recursos limitados".

   Al respecto, señala que "en toda la provincia hay un juez con un juzgado, pero no hay un fiscal por juzgado, porque hay fiscales que atienden a los juzgados de instrucción y esos mismos fiscales tienen que acudir a los señalamientos penales, a los civiles, los contenciosos y los sociales".

   Asimismo, apunta que "en ocasiones hay un fiscal destinado a realizar dos juicios de faltas" en una mañana, cuando "obviamente" el fiscal puede realizar "bastantes más", pero "el juzgado señala lo que tiene", indica Calvo-Rubio, quien considera que "sí hay que intentar ponerse de acuerdo para que haya a lo mejor varios juzgados señalando el mismo día a distintas horas y haya un fiscal que esa mañana se pueda dedicar a celebrar los juicios en lugar de en un solo juzgado en dos o tres".

   En su opinión, "se trata simplemente de intentar ponerse de acuerdo para reestructurar los servicios", de tal forma que "el fiscal que está de servicio haga varios juicios", algo que, según resalta, "se intentará hacer contando con los juzgados y los abogados para poder reorganizar".

"DEFECTOS ESTRUCTURALES"

   Por otra parte, el fiscal jefe cree que es "difícil" decir que haya una plantilla judicial acorde a las necesidades de los ciudadanos "cuando hay procedimientos que celebran juicios al cabo de diez años", una situación que tilda de "desastre" y que, es más, "sucede y algo falla, por un parte la plantilla y por otra las leyes de procedimiento", ha avisado.

   En este sentido, asegura que "hay defectos estructurales en la administración de justicia que hay que modificar, que no dependen de nosotros, porque los que dependen de nosotros son los que hay que intentar agilizar para que esas cosas no sucedan".

   Y es que, añade, "si tuviera un número de fiscales mayor, no habría que pensar en reorganizar servicios, y podría haber fiscales que estuviesen impulsando procedimientos si estuviesen dedicados exclusivamente a ello", si bien recalca que "el problema es que ahora están dedicados a estudiar el procedimiento, a la celebración del juicio y a la ejecución".

   En definitiva, comenta que "el mismo fiscal tiene que hacer diversas funciones, que no es malo", pero preferiría que fuera "con la tranquilidad necesaria", porque "ahora se hacen bien, pero con esfuerzos denodados por parte de los fiscales, jueces y funcionarios", argumenta Calvo-Rubio, quien reitera que "se necesita más personal".

   Mientras, agrega que "el problema es doble", dado que por una parte entran "más asuntos" y "se necesita más gente". En este caso, asevera que "habría que preguntarse ¿por qué llegan tantos asuntos a los juzgados?", a lo que responde que "en este país hay una excesiva dependencia de lo judicial, en el sentido de que parece que solo existen responsabilidades judiciales y se olvidan las responsabilidades civiles, administrativas, éticas, morales y políticas".

   A su juicio, "a lo mejor hay que cambiar de alguna manera la legislación para que no lleguen al juzgado tantas cosas, o a lo mejor es cuestión de mentalidad y educar a las personas". No obstante, menciona que "al derecho penal se llega cuando no hay otra solución e interviene no como solución de los problemas, sino como mal necesario".

LAS INFRAESTRUCTURAS Y TECNOLOGÍAS

   En relación a las infraestructuras, el fiscal detalla que ha visitado la sede del Ministerio Público en Lucena y algunos juzgados de la provincia, y considera que "hay algunos municipios que no están mal, con instalaciones modernas y que responden más o menos a las necesidades de cada población", pero avisa que "hay otras que dejan bastante que desear, entre ellas la capital".

   Al hilo de ello, asegura que "los despachos compartidos entre tres y a veces entre cuatro fiscales y los funcionarios todos en la misma sala no es lo más adecuado", motivo por el que espera que con el nuevo edificio de la Ciudad de la Justicia "se solucionen todos los problemas".

   Y es que, según proclama, "la administración de justicia siempre ha estado peor en las instalaciones respecto a otras administraciones y necesita evidentemente un cambio". En el caso concreto de las obras de la Ciudad de la Justicia, confía en que sea "un edificio con mayor espacio y distribución".

   Al respecto, indica que "hay que ver cómo se desarrollan las obras y estar un poco pendientes con objeto de que los posibles defectos que puedan aparecer derivados de las peculiaridades propias de la administración de justicia se puedan solventar", aunque valora que se hace "cubriendo todas las necesidades y bien pensada".

   Y sobre las nuevas tecnologías, el fiscal jefe admite que en la administración de justicia van "con cierto retraso" en su aplicación, ante lo cual defiende que "hace falta que los instrumentos se desarrollen", al tiempo que aboga por "intentar con las herramientas que tenemos, que cada vez son mejores, que todo vaya reflejándose de manera telemática en lugar de trabajar directamente con el papel".

   Asimismo, comenta que "se han desarrollado cursos de informática, pero no siempre se ha podido acudir a los mismos", lo que hace que "la mayoría del personal sea autodidacta", según declara Calvo-Rubio.