El presidente de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), Salvador Blanco (PSOE), ha insistido este miércoles en que la subida del 1% en la tasa del suministro domiciliario del agua propuesta por el gobierno de PSOE e IU de la Diputación de Córdoba "se destinará a un fondo social para aquellas personas que tienen verdaderas dificultades a la hora de afrontar el pago de este servicio".

   En rueda de prensa, Blanco ha subrayado que ello será el resultado de un ejercicio de "voluntad política", aclarando que el expediente de Ordenanzas Fiscales para 2016, que se someterá a la aprobación del Pleno de la institución provincial el próximo 21 de octubre, no reflejará el carácter finalista de dicho incremento, pero que, de hecho, en el presupuesto de Emproacsa para el próximo año habrá una partida para el citado fondo social.

   Así, según ha apuntado el también vicepresidente cuarto y delegado de Hacienda de la Diputación, "en el próximo ejercicio presupuestario se dotará a este organismo provincial (Emproacsa) de una partida concreta", dotada con "una cantidad de unos 226.000 euros, que es el equivalente a la subida de ese 1%", para sufragar el fondo social.

   En este sentido, Blanco ha explicado que "este compromiso se regulará convenientemente en su momento y serán los Servicios Sociales de toda la provincia de Córdoba los que determinen -con el respectivo informe- las personas que tienen derecho a acogerse a ese fondo".

   En cuanto a las críticas del PP al incremento del 1%, Salvador Blanco ha recordado que "la tasa del agua sufrió una subida de un 2% en 2014 y también en 2015, en baja, y de un 4% y un 4,5% en esos mismos años en alta", para los ayuntamientos que están fuera de Emproacsa y de su ciclo integral del agua.

   Para finalizar, el presidente de Emproacsa ha informado de que "existe también la posibilidad de una bonificación del 50 por ciento en las tasas del agua y de la recogida de residuos sólidos urbanos para aquellas familias que tengan todos sus miembros en paro o con ingresos inferiores a 11.700 euros" al año. De este modo, según ha resaltado Blanco, el gobierno de la Diputación demuestra que no quiere "que nadie se quede sin la prestación de dos servicios tan básicos y necesarios".