La Audiencia Provincial de Granada ha deliberado este martes sobre el recurso de apelación presentado contra la decisión del Juzgado de Instrucción 5 de Granada de archivar un caso de estafa piramidal a través de Internet que podría afectar sólo en España a 250.000 personas.
La Sección Primera de la Audiencia se ha reunido a lo largo de la mañana para deliberar por este asunto y la previsión es que resuelva en los próximos días por escrito, según han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La firma que representa a nivel mundial a los afectados, Lemat Abogados, ha señalado a Europa Press que esta estafa abarca "prácticamente a los cinco continentes" con una presunta deuda contraída que se eleva a un montante económico variable de entre 1.425 y 1.180 millones de dólares. El fondo del asunto ahora es si el caso debe investigarse en España o en Portugal.
La denuncia inicial se presentó ante la Guardia Civil de Granada en marzo de 2015 contra los responsables de una sociedad portuguesa llamada Libertagia, cuyo domicilio fiscal se encontraba en un paraíso fiscal, Bahamas, por un presunto timo de tipo piramidal.
Se trata de una empresa virtual donde por sólo pinchar anuncios de Internet se ofrecía una ganancia de tres dólares diarios, por un trabajo de apenas veinte minutos. La oferta la ampliaron a otros productos como el 'visionario': una inversión de seis mil dólares permitía al cliente ganancias de 70 euros diarios (unos 80 dólares) por no más de diez minutos de trabajo visitando anuncios de Internet.
Tras determinar el Tribunal Supremo que la investigación debía seguir en el Juzgado de Instrucción 5 de Granada, lugar en el que se presentó la primera denuncia por un granadino afectado, el juez decidió archivar el caso indicando que la justicia española no es competente, sino la portuguesa. Esto último, a pesar de que "este juzgado consideraba, con apoyo de la Fiscalía, que era la Audiencia Nacional la que debía investigarlo", según ha detallado el abogado que dirige la defensa, Antonio José García Cabrera, presidente de Lemat Abogados.
En el recurso de apelación se defiende que el proceso se siga en España porque se ha cometido aquí; también entre otros muchos países, pero afecta a muchos españoles de casi todas las provincias.
Agregan que el desplazamiento patrimonial se ha producido desde aquí, aunque el que realiza las estafa esté en otro país, que es criterio para decidir qué juzgado debe hacerse cargo de la causa en casos de estafas por Internet.
Según Lemat Abogados, este negocio virtual, abierto en 2013, comenzaba a funcionar y los conocidos como líderes, los clientes del segundo escalón piramidal, fueron corriendo la voz entre amigos y familiares.
Los beneficios, en algunos casos, alcanzaron el 350 por cien, aunque lo habitual era cobrar intereses superiores al 150 por cien. Ya en julio de 2014, la empresa supuestamente comenzó a dejar de pagar, mientras cada uno de sus clientes iba sumando beneficios registrados en su balance particular "pero no cobrados".
Para entonces, según los cálculos de Lemat Abogados, la empresa había ingresado dinero en sus cuentas corrientes por valor de 45 millones de euros, mientras que la presunta deuda mensual contraída con los clientes oscilaba entre los 178 y 147 millones de dólares en todo el mundo.
La firma de abogados granadina representa a afectados españoles, de Alemania, Angola, Argentina, Bolivia, China, Estados Unidos, Portugal y Venezuela, entre otros.
García Cabrera se ha mostrado crítico con la tramitación judicial del caso, señalando que "nadie quiere hacerse cargo por su complejidad y por los múltiples perjudicados a nivel mundial". Ha opinado que "el archivo es contrario a derecho porque ni siquiera se sabe qué órgano judicial portugués puede estar investigando el caso y cómo va esa investigación".
