Más de 5.000 tractores y otros vehículos conducidos por agricultores y ganaderos convocados por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, recorren ya y "colapsan" la carretera autonómica A-318 y la autovía Córdoba-Málaga (A-45) a la altura de Lucena (Córdoba), recorriendo, con paradas, el tramo que separa los accesos Norte y Sur a dicho municipio, para protestar así por la situación "agónica" que vive el sector agrario.
Así lo ha destacado, en la propia tractorada con la que reclaman precios justos para el productor agrario, el secretario general de UPA Córdoba, Miguel Cobos, junto al presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa; la secretaria general de COAG Córdoba, Carmen Quintero, y el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Rafael Sánchez de Puerta, mientras la Guardia Civil ha establecido desvíos alternativos para sortear el corte de la A-45, por la A-318 y la antigua N-331, en el kilómetro 56 de la propia autovía en sentido Málaga y en el kilómetro 62 en sentido Córdoba.
Respecto a cómo se desarrolla la tractorada en defensa del sector agrario y el medio rural, en cuyo control también toman parte agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, que ha comenzado a las 11.30 horas y que está previsto que acabe en torno a las 13.00 horas, Miguel Cobos ha resaltado que han logrado "una respuesta masiva del sector agrario", pues tenían "una previsión de 3.000 vehículos, y se va a superar ampliamente", ya que calculan que "hay más de 5.000 vehículos circulando por la A-318 y por la A-45", de modo que "está todo colapsado".
A juicio de Cobos, la respuesta de los agricultores y ganaderos a esta convocatoria "es tan masiva porque la situación del sector es agónica, ya que estamos sufriendo unos precios que no cubren los costes de producción, y eso hace que no le veamos el futuro al sector", cuando y "se pueden arbitrar algunas medidas que no le cuestan dinero a las administraciones, sobre toda a la europea y al Ministerio de Agricultura, que son para la regulación del mercado y que pueden posibilitar la mejora de la situación".
Junto a ello, según su propuesta, "hay que abrir mesas de diálogo y ser imaginativos en las propuestas, pero, sobre todo, hay que modificar la Ley de Calidad Agroalimentaria, que se hizo con el objetivo de hacer un mejor reparto entre los tres eslabones de la cadena de lo que paga el consumidor y no está cumpliendo su objetivo", ya que "la industria y la distribución se quedan con su parte, pero no dejan una parte mínima para el productor".
Por su parte, el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha abundado en estos argumentos y ha asegurado que el campo "se siente olvidado" por los políticos, pues "la respuesta que estamos recibiendo del Gobierno" no tiene en cuenta la realidad del sector, de la misma forma que la Unión Europea (UE) "no atiende a los agricultores" tampoco como debe.
En cuanto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y su repercusión en los costes de producción para los agricultures y ganaderos, Fernández de Mesa ha dicho que les ha "cogido por sorpresa, pero los males para la agricultura vienen de mucho más atrás", sobre todo por el poder que tienen las "grandes cadenas (de distribucion)agroalimentarias", pues, "con decenas de miles de trabajadores y decenas de miles de millones en ventas, hacen toc toc en La Moncloa y les escuchan".
Por eso se tienen que movilizar los agricultores y ganaderos, ya que "lo que hace falta es que a la agricultura se la tenga en cuenta, pues, si pasa algo a lo largo de la cadena agroalimentaria el que paga el pato es el agricultor, mientras los siguientes eslabones siguen vendiendo naranjas o tomates, mientras los agricultores no tienen tomates que vender, y no hay nada que suplemente eso", de ahí que "una futura Ley Agroalimentaria debe tener en cuenta esta situación de inferioridad que tiene el agricultor".
Finalmente, la secretaria general de COAG Córdoba, Carmen Quintero, ha afirmado que en el campo están "en pie de guerra", ya que tienen "una serie de problemas que necesitan de medidas de aplicación urgente", dado que "hablamos de una pérdida de la rentabilidad, de cierre de explotaciones, y de que nuestra actividad agraria es ya prácticamente inviable", razón por la que demandan que "se reforme la Ley de Cadena Agroalimentaria".
Junto a ello, quieren que el Gobierno de España "ponga en marcha una mesa interministerial", con la implicación de "Consumo, de Hacienda, de Trabajo y de Agricultura, y no nos vale una declaración de buenas intenciones, pues necesitamos medidas urgentes ya", de la misma forma que también precisan los agricultores españoles "que se que se pongan las pilas en Bruselas".
Así, a la Unión Europea (UE) le reclam "mayores controles en frontera, que se destinen mayor presupuesto de la PAC para, precisamente, ordenar y regular los mercados" y que se eviten los fraudes que vienen de la mano de "estos tratados de libre comercio que que se están firmando tan alegremente, sin pensar para nada en el sector primario", ya que, "cada vez que se firma un tratado de libre comercio no están abocando a la ruina, a la miseria y al hundimiento de precios".
