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Adolfo Molina defiende la recogida de firmas contra la "sectaria" 'Ley Celaá'

Molina ha advertido de que "la ley ha salido adelante por la mínima" y ha remarcado "el apoyo del PP siempre a la libertad y a los derechos de los ciudadanos"

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  • Adolfo Molina, PP. -

El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha defendido este viernes la recogida de firmas, las mociones en los plenos de las administraciones y el apoyo a las manifestaciones contra la "sectaria e injusta" Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), la también conocida como 'Ley Celaá', que el PP llevará al Tribunal Constitucional (TC).

En una rueda de prensa telemática, junto al alcalde de la capital, José María Bellido, y el diputado nacional popular Andrés Lorite, Molina ha advertido de que "la ley ha salido adelante por la mínima" y ha remarcado "el apoyo del PP siempre a la libertad y a los derechos de los ciudadanos y los padres para educar a los hijo como quieren".

Así, ha reprochado "el atentado que se lleva a cabo por el Gobierno de Sánchez e Iglesias a la educación concertada, pero también contra la calidad de la pública", a la vez que "cercena los derechos en la educación especial" y "se quita el español como lengua vehicular", entre otros aspectos que ha criticado, precisando que en la provincia cordobesa hay más de cien centros concertados, 2.800 empleados y 25.000 familias que "se ven afectadas al cargar contra ellas esta ley".

Al respecto, ha destacado "el apoyo del PP sin fisuras" a los centros concertados, asociaciones de madres y padres y los sindicatos, al tiempo que ha subrayado que van a "seguir dando la batalla", al unirse a la campaña iniciada por el PP nacional, recogiendo firmas en las sedes "en contra de esta ley", llevar mociones a los ayuntamientos y la Diputación y acudir a la manifestación convocada por la plataforma 'Más plurales' para el próximo domingo en coche.

En definitiva, Molina ha recriminado que "es una ley sectaria, sin consenso y va a tener al PP enfrente dando la batalla por algo que es sagrado para los populares, como es la libertad".

LA LEY "MÁS RADICAL E IDEOLOGIZADA DE LA DEMOCRACIA"

En este sentido, Andrés Lorite ha declarado que este jueves ha sido "un día triste para la educación española" con "la aprobación por la mínima" de dicha ley en el Congreso de los Diputados, a lo que ha agregado que "esta ley es la más sectaria, radical e ideologizada en materia de educación de toda la trayectoria democrática".

De hecho, ha subrayado que "es la que ataca con más contundencia a la libertad y, por tanto, a los principios constitucionales", además de ser "una ley que ataca la calidad educativa, en contra de la educación concertada y la educación especial y que el castellano no siga siendo la lengua vehicular en el modelo educativo, que es el constitucional".

De este modo, el diputado nacional ha enfatizado que "lo que representa la 'Ley Celaá' es la cesión y el arrodillamiento del Gobierno de Sánchez e Iglesias ante las pretensiones separatistas", mientras que "en la tramitación parlamentaria se ha visto cómo en tiempo récord y con el mínimo consenso se ha aprobado una nueva ley de educación", dado que "no ha habido consenso con los grupos parlamentarios, ni con los agentes sociales, ni los profesionales educativos, ni las organizaciones de padres y madres, absolutamente con nadie de la comunidad educativa", ha apostillado.

Por contra, el popular ha lamentado que "con quien sí ha habido diálogo es con las fuerzas políticas separatistas y en su agenda ideológica y separatista bloquean el uso del castellano como lengua vehicular", si bien ha abundado en que "es la ley educativa que parte con menos consenso y ataca claramente el régimen de libertades de la Constitución Española".

Ante ello, "el PP no va a aceptar bajo ningún concepto el ataque sin precedentes en materia educativa a la Constitución, la educación especial y la concertada y al castellano", ha expresado Lorite, quien ha dicho que van a "defender la libertad educativa en todos los ambitos", entre ellos en el Tribunal Constitucional.

Asimismo, ha aseverado que "en el momento que el PP tenga ocasión de gobernar, quedará derogada inmediatamente esta ley absolutamente injusta y que se sale del marco constitucional", puesto que "la sociedad española en su conjunto pide a la Administración General del Estado que de una vez por todas haya un consenso y un pacto en materia educativa", pero "esta ley representa justamente lo contrario", ha avisado.

"DAR LA BATALLA POR LA LIBERTAD"

Por su parte, José María Bellido ha manifestado que "todo el PP va a dar la batalla para defender la libertad de todos y esencial, que es la educativa", dado que "hay ataques profundos en esta legislación" como a "la libertad de elección de las madres y padres", ha insistido el alcalde.

También, ha apuntado que "se cercena la educación especial en España", de ahí que haya mostrado su "solidaridad con todos los padres y madres cordobeses que tienen a un hijo con necesidades especiales de enseñanza en un centro de educación especial y ven cómo se les quiere imponer un modelo del que muchos están convencidos que va en contra precisamente de la formación y el desarrollo personal".

Igualmente, ha defendido "el derecho constitucional del castellano como la lengua de todos siendo vehicular". Ante todo ello, ha llamado a "librar la batalla por la libertad educativa de los hijos, la libertad de enseñanza y desterrar leyes sectarias que se alejan del consenso y el acuerdo, y lo que hacen es dividir, crispar y traer nuevamente a la sociedad española políticas que profundizan en el enfrentamiento entre españoles".

De ahí que Bellido haya justificado "la batalla social, cultural y por la libertad", a la vez que espera "el apoyo mayoritario del Pleno" a la moción a tal efecto, para que "se vuelva al acuerdo y consenso constitucional en materia educativa, que se cumpla con la Constitución al garantizar el derecho de todos los españoles a que el castellano sea la lengua vehicular en todas partes de España, apoyar a la enseñanza concertada con la libertad de elección y requerir al Gobierno que se vuelva a la atención en la educación especial", además de apoyar el recurso ante el TC y las movilizaciones que se celebren para "exigir la vuelta al modelo educativo que una a todos".

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