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Disfunciones judiciales

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Confieso que la Justicia siempre me ha causado respeto e incluso un temor reverencial. Por eso, cuando el ex alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, dijo aquello de que "la justicia en España es un cachondeo", me pareció -además de una ordinariez- un insulto flagrante y punible. Pero hoy día, sin llegar a esos límites, me cuestiono no pocas de las decisiones judiciales más recientes.
Cuando en el caso Mari Luz se cargan las tintas de la sanción sobre una secretaria judicial, casi se absuelve al juez y no se pone el acento en el desastre de los juzgados, sobrecargados de trabajo y con escasa dotación de personal y material, uno queda cuando menos confuso. Las protestas no se han hecho esperar, como era lógico.
Pero quiero centrar mi atención sobre el juez Garzón, un jienense al que no puede negarse la capacidad para adquirir notoriedad. Vuelve de nuevo a la palestra con su decisión de considerarse competente para investigar el caso de las víctimas del franquismo. No de la guerra civil en su conjunto, porque -según su personal criterio- el bando vencedor ya represalió y castigó en su día a los vencidos. Considera que los delitos cometidos deben ser calificados como "crímenes contra la humanidad", no prescriptibles, y dirige su acción hacia los culpables, exigiendo certificados de defunción de Franco, Mola y Queipo de Llano, amén de otros 32 altos cargos del régimen, así como la situación actual de los dirigentes de la Falange Española desde 1936 a 1951. Ordena la apertura de 19 fosas comunes, entre ellas la que supuestamente contiene los restos mortales de García Lorca (en contra del parecer de su familia), conmina a la Iglesia a dar cuenta del contenido de los archivos eclesiásticos (ignorando su inviolabilidad y secreto) y se erige en juez de la historia cuando afirma con rotundidad en su auto: "El Alzamiento Nacional fue un acto criminal,  una decisión perfectamente planeada y dirigida a acabar con el gobierno de España…como paso indispensable para desarrollar y ejecutar las decisiones previamente adoptadas de detección, tortura y eliminación de personas por motivos políticos e ideológicos".

La fiscalía se ha opuesto a la iniciativa de Garzón con tres argumentos de evidente peso: tales delitos se extinguieron con la Ley de Amnistía del 77; la Audiencia Nacional no resulta competente en estos casos, que pertenecerían a los juzgados de los lugares en que sucedieron, y el concepto de crímenes contra la humanidad es posterior a la fecha de su comisión, ya que tuvo su origen en los juicios de Nüremberg de 1945. Es significativo que Garzón sí admitiera en cambio la prescripción de los crímenes de Paracuellos y por tanto rechazara una querella criminal contra Santiago Carrillo.
Nuestro juez tiene una larga historia de golpes de efecto que no condujeron a resultados tangibles: detención de Pinochet; juicio contra Bin Laden por el 11-S; acusación a Ghasoub al Abrash por las Torres Gemelas, contencioso a Monzer al Kassar por el secuestro del barco Aquille Lauro; acciones contra Berlusconi en el caso Tele-5, etc.
Es curioso que, justamente el 16 de octubre, haya presentado en Madrid un libro del jurista británico Geoffrey Robertson titulado "Los crímenes contra la Humanidad", en coincidencia con el 10º aniversario de la detención de Augusto Pinochet y con la movida sobre la guerra civil del 36.
No en vano, para bien o para mal, Baltasar Garzón ha sido calificado de "juez estrella". Pero,  personalmente, admiro y respeto más a muchos otros miembros de la judicatura que se distinguen por la perfección y eficacia en la instrucción de los sumarios.

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