La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAOT) ha incoado un nuevo expediente a la empresa municipal de aguas Apemsa, esta vez por verter aguas residuales sin depurar en el Polígono Industrial Bahía de Cádiz. Estas aguas residuales han sido analizadas por el laboratorio homologado que tiene la Junta de Andalucía en Palmones, y han dado como resultado altas concentraciones de sólidos en suspensión, amonio, fósforo, tensioactivos, cinc, cobre y plomo, superando los límites de emisión estipulados en la legislación vigente.
Este nuevo expediente sancionador viene a unirse a los cuatro existentes, y que se han resuelto con sendas multas a la empresa municipal por no depurar convenientemente las aguas residuales del municipio.
En total la Junta de Andalucía ha resuelto cuatro expedientes con sanciones a Apemsa por un total de 18.000 €, ¿quién los pagará? En uno de los expedientes se sanciona a Apemsa al haberse comprobado que “la EDAR supera los límites máximos permitidos de forma generalizada, que Apemsa no aporta las analíticas realizadas en laboratorio homologado, no dispone de sistema de tomas de demuestras automáticos…”
O sea, confirmando las denuncias que viene presentando hace años Ecologistas en Acción. Estas sanciones han sido ocultadas al anterior Consejo de administración, en el que estaban representados los partidos de la oposición, y es una de las causas de que se haya modificado su composición dejando exclusivamente a representantes de los partidos del gobierno -PP y PA-, y a la empresa Aqualia-FCC, precisamente la responsable de la depuración de las aguas residuales del municipio por lo que cobra la sustanciosa cantidad de 3 millones de euros anuales.
Con esta medida de total falta de transparencia creerían que nadie se iba a enterar de los incumplimientos del contrato entre Apemsa y Aqualia-FCC y de la vulneración de la legislación vigente en cuanto a la depuración de aguas residuales. Evidentemente, se han equivocado.
Hay que preguntar al sr. Candón, alcalde y presidente de la empresa Apemsa, y al sr. Bornes, presidente de su Consejo de administración, si van a seguir ocultando las deficiencias en la depuración de aguas residuales, si van a sancionar a la concesionaria Aqualia-FCC por el incumplimiento de contrato, si van a abrir una investigación por las denuncias y expedientes, o si van a mentir de nuevo asegurando que no existen tales expedientes y seguir actuando como abogados defensores de la empresa privada Aqualia (¿a cambio de qué?), amparando sus claros incumplimientos de la legalidad y del contrato de concesión de la EDAR y de la red de alcantarillado.
Y si van a impedir que las multas por estos expedientes las paguemos los ciudadanos en gastos encubiertos. El alcalde y el 1º teniente de alcalde, ambos máximos responsables de Apemsa, deben explicar a los ciudadanos por qué no han procedido a incoar el expediente de resolución de la concesión de que disfruta Aqualia-FCC para gestionar la depuradora y la red de alcantarillado, al haberse comprobado los incumplimientos del contrato de concesión, lo que supone un fraude sin precedentes que estamos pagando todos los ciudadanos, y todo con el perfecto conocimiento de la directiva de Apemsa.
Candón y Bornes deben aclarar si trabajan a favor de todos los ciudadanos, o para Aqualia-FCC, ya que se dedican a defender a esta empresa privada ante las denuncias fundadas por su incompetencia en la gestión de la depuradora, amenazando incluso con querellas –pagadas, eso sí, con dinero público- contra los ciudadanos que osen criticar la gestión de Aqualia-FCC.
Candón y Bornes deberían iniciar los trámites de rescate el 49% de acciones vendidas a Aqualia-FCC y destituir al director-gerente de Apemsa, que es el jefe de zona de Aqualia-FCC, por la manifiesta incompetencia técnica de una empresa a la que pretenden pagar un 5% de la facturación, más de 500.000 euros anuales, por su supuesto “know-how”.
Ecologistas en Acción considera extremadamente graves estos hechos, que demuestran la nefasta gestión de la empresa concesionaria Aqualia-FCC, la incompetencia de unos directivos que cobran sueldo millonarios y han engañado reiteradamente a los ciudadanos y a los miembros del Consejo de Administración ocultando información o suministrando información falsa sobre el funcionamiento y rendimientos de un equipamiento público que pagamos entre todos.
