Para el alcaldable socialista David De la Encina, ha quedado claro que “el PP tiene miedo a la contestación social, y aquí en El Puerto tenemos numerosos ejemplos de que les molesta que las personas protesten y se manifiesten contra lo que creen injusto, y por ello quieren convertir a quienes protestan en ciudadanos bajo sospecha, a los que quieren acallar a base de golpes de su mayoría absoluta”.
En el caso de El Puerto hoy mismo –por el viernes- la plantilla del servicio de ayuda a domicilio ha sido denunciada, y se pregunta De la Encina “¿qué piensa hacer Candón con colectivos como la Plataforma contra los aparcamientos subterráneos o la Asociación de Inquilinos de Viviendas Municipales La Coordinadora?”.
Calificando la ley como “desmesurada y desproporcionada, tanto por las restricciones que contempla como por el agravamiento de las cuantías de las multas”, David de la Encina considera que “Candón ha dado una muestra más de su concepto de democracia, que no es otro que hacer callar y amedrentar. Por ello, esta norma nos remite a momentos de nuestra historia que ya creíamos olvidados”.
Añade que “está claro que al PP le molesta la gente en la calle y no acepta el derecho a la queja y a la discrepancia. Con esta norma, se podrá castigar con hasta 30.000 euros una manifestación para impedir un desahucio o con hasta 600 euros las faltas leves, que son las más comunes. Se podrá multar a quien difunda imágenes de antidisturbios golpeando sin necesidad a manifestantes, o considerar una amenaza a la seguridad ciudadana negarse a mostrar el DNI. Además, quienes participen en una manifestación espontánea, esto es, no notificada previamente a la Delegación del Gobierno –cosa que ocurre en el 50% de las protestas- podrán ser también multados”, concluye.