El diputado nacional del Partido Popular y presidente del PP a nivel local, Alfonso Candón, afirma que el PP garantiza un marco jurídico uniforme en materia de infancia y adolescencia en todo el territorio nacional y refuerza la protección de los menores.
Así, y tomando las palabras de su compañera en el Congreso de los Diputados, la portavoz de Servicios Sociales, Macarena Montesinos, asegura que España es el primer país en incorporar la defensa del interés superior del menor como principio interpretativo como recomendó Naciones Unidas en 2013, añadiendo que la modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia es “una reforma ambiciosa, trabajada y consensuada con las comunidades autónomas y con el tercer sector, los grupos parlamentarios y los académicos”.
Además, Candón destaca el espíritu de diálogo y consenso de los grupos parlamentarios, que presentaron un total de 143 enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica y 289 al Ordinario. En total, sumando los dos proyectos, se han aprobado 150 enmiendas en sus propios términos y 40 transaccionales de las que más de la mitad estuvieron suscritas por más de un grupo parlamentario.
En este sentido, el diputado nacional resalta “el importante esfuerzo de consenso en este trámite y hemos atendido a las recomendaciones de la Convención Internacional de Derechos del Niño”.
Alfonso Candón va más allá, indicando que “ni el Gobierno ni el GPP nos damos por satisfechos, ambicionamos mucho más, y por supuesto resolver la situación que están viviendo los españoles”. Así, explica que “el objetivo de la reforma es asegurar la protección social, jurídica y económica de la familia y en especial la de los menores de edad de conformidad con los acuerdos internacionales y con lo que marca el artículo 39 de la Constitución española”.
Asimismo, destaca que “no se ignora la realidad de las comunidades autónomas con derecho civil propio con las que somos absolutamente respetuosos.
Otras enmiendas destacables son ampliar a 90 días el periodo de restablecimiento y reflexión para que las víctimas de la trata de seres humanos puedan decidir su cooperación con las autoridades en la investigación del delito; establecer con efecto retroactivo a 1 de enero de 2015, los beneficios en el ámbito educativo de la condición de familia numerosa establecida en el Proyecto de Ley ordinario; atención a las menores embarazadas bajo tutela o guarda de las entidades públicas y favorecer la contratación de víctimas de trata a través de un establecimiento de bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social, 1500 euros al año por dos años en caso de contratación indefinida y 600 euros al año durante la vigencia del contrato en caso de contratación temporal o la creación de un registro de delincuentes sexuales para hacer un seguimiento y control de las personas condenadas por estos delitos, no solo en España sino en otros países.
